Las ayudas del Estado para pagar las pensiones aumentan un 10% hasta junio
La separación de fuentes de financiación de las pensiones, uno de los pilares diseñados por el Pacto de Toledo y edificados por el ministro José Luis Escrivá en la pasada legislatura, está empujando al alza las transferencias que realiza el Estado para pagar pensiones. En concreto, la Seguridad Social ha recibido financiación por valor de 30.399 millones de euros en concepto de gastos que sobre el papel no es contributivo. Estas ayudas estatales, que asumen una parte del déficit de la Seguridad Social a través de impuestos o deuda, aumentan a un ritmo del 9,9% en el primer semestre del año.
Estas transferencias sirven para cubrir las prestaciones no contributivas, los gastos sanitarios y asistenciales, que se financian a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos generales: son las pensiones más bajas del sistema, las no contributivas de aquellos trabajadores que no han cumplido el mínimo de 15 años cotizados, los complementos por brecha de género o las pensiones que cobran los funcionarios del extinto régimen de cotización de las Clases Pasivas, entre otros. Se incluyen, además, los créditos que concede puntualmente el Tesoro para hacer frente a las pagas dobles de verano o Navidad.
Las cuentas estatales prorrogadas proyectan ingresos por valor de unos 43.000 millones de euros en concepto de transferencias corrientes, según recoge la Ejecución Presupuestaria de la Seguridad Social. Esta proyección podría estar desfasada si las inyecciones del Estado continúan aumentando a un ritmo cercano al 10%. Los más de 30.000 millones de euros que ha registrado como ingresos la caja de la Seguridad Social en seis meses suponen prácticamente el 70% de los ingresos presupuestados en esta partida para el conjunto de 2024.
Uno de los objetivos que ya avanzó la ministra del departamento, Elma Saiz, es la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación de cara al próximo ejercicio, lo que implicaría un nuevo incremento de la cuantía de impuestos o deuda pública que asumen el desembolso anual de la Seguridad Social.
Tal y como explicó la navarra, recogiendo el guante de su número dos Borja Suárez, hay países europeos de referencia como Alemania y Francia que financian entre el 25% y el 30% del gasto en pensiones por la vía de los impuestos generales. Durante el presente curso, las transferencias corrientes que recibe la Seguridad Social en España representan, aproximadamente, el 27% de todos los ingresos. Prácticamente uno de cada cuatro euros del gasto en pensiones lo financia el Estado y no las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas. La fotografía completa del pasado ejercicio mostraba un balance de uno de cada cinco euros abonados con los impuestos.
La separación de fuentes de financiación es, a fin de cuentas, un traspaso de determinadas obligaciones (gasto) de la Seguridad Social al Estado. Y este juego de bolas lo maneja la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Con nuevas reglas fiscales a la vuelta de la esquina, el margen para aumentar el gasto por esta partida se estrechará previsiblemente, si bien todo dependerá de las exigencias de la Comisión Europea y el ajuste en otros gastos.
En todo caso, Hacienda presentó el techo de gasto no financiero en el que recogía un mayor espacio fiscal para incrementar un 7% las transferencias de impuestos para pagar pensiones. Esta partida, que durante el presente ejercicio está presupuestada en algo menos de 23.000 millones, elevaría el montante en otros 1.600 millones adicionales. Bajo estas proyecciones y basándonos en lo que plasma el Gobierno sobre el papel en sus cuentas prorrogadas, la partida que recibiría la Seguridad Social el próximo curso rebasaría ya los 45.000 millones de euros.
Pese a las millonarias transferencias y el aumento de la recaudación por cotizaciones sociales al calor de la mejora del empleo, la caja de las pensiones se mantiene en una situación perpetua de déficit contable, acumulando más de una década con más gastos que ingresos. Y la deuda se ha duplicado en cuatro años por «los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario», tal y como recoge mensualmente el Banco de España.
Nuevo modelo de financiación
Los créditos (o deuda) que concede el Tesoro a la Seguridad Social han pasado de suponer el 0,6% del PIB en 2010 a representar ya el 3% del PIB en 2023, pasando a financiar ahora prácticamente uno de cada cinco euros de gasto en pensiones. Es un cambio de modelo de financiación en el que la Seguridad Social ya no asume todo el desembolso de su departamento por la iniciativa del Pacto de Toledo.
En cuestión de 13 años, España ha visto incrementada su brecha en las pensiones y, en consecuencia, la fortaleza de su sistema. El incremento del gasto ha rebasado los 3 puntos del PIB, hasta el 13,1% del PIB, principalmente por las pensiones contributivas y otras prestaciones de la Seguridad Social (2,6 puntos) y las del régimen de los funcionarios (0,5), mientras las pensiones no contributivas se han mantenido en el mismo nivel de gasto. Pero este mayor desembolso no se ha acompañado de un mayor nivel de ingresos respecto al PIB, que se ha estancado en el entorno del 9% del PIB.
En este periodo ha habido una transformación en la fórmula que nutre la caja de la Seguridad Social. El grueso que suponen las cuotas que abonan las empresas y los trabajadores ha dejado de ser indudable fuente de financiación: las cuotas sociales generaban más del 90% de los ingresos de la Seguridad Social y ahora supone el 70%.
