Las empresas valencianas demandan más ayudas directas para evitar la quiebra
El nuevo paquete de medidas económicas que la semana pasada anunció el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para ampliar las ayudas por los efectos de la DANA que ha arrasado parte de la provincia de Valencia no ha servido para calmar la inquietud entre los empresarios valencianos, que esperaban iniciativas de mayor calado después del primer paquete anunciado.
La conclusión de las empresas es clara: las principales líneas incluidas no son ayudas directas, que se considera que es lo que necesitan urgentemente la mayoría de las pymes y autónomos.
Si tras el plan inicial la valoración unánime era que se quedaba corto, lo incluido en la segunda parte corrobora que la gran mayoría del dinero del Gobierno central corresponde a préstamos ICO y al Consorcio de Compensación de Seguros.
«Sin un plan de respuesta que incluya más ayudas directas y sin que éstas lleguen de forma ágil, la reconstrucción y el relanzamiento económico serán realmente complicados», sentencia Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de CEOE. La patronal autonómica considera que el apoyo directo es «claramente insuficiente» y será necesario un esfuerzo mayor del sector público para relanzar la actividad económica.
Diferencias con otras crisis
Desde el empresariado se considera un error comparar la crisis actual con la del Covid, en que la actividad se paralizó e hibernó, o la de la guerra de Ucrania, con la subida de costes y los problemas de suministro. En ambos casos empresas y autónomos mantenían sus instalaciones y activos intactos, mientras que con la DANA muchos lo han perdido todo. «Aboca a miles de pymes a la desaparición si no reciben la ayuda necesaria y a tiempo», insisten desde la patronal para hacer hincapié en la urgencia de las ayudas a fondo perdido.
Las últimas estimaciones de la Cámara de Comercio de Valencia cifran en 5.200 los comercios minoristas afectados y en más de 21.000 los locales con distintas actividades que han sufrido daños. Desde la patronal del comercio Confecomerç se apunta que en el caso de los ICO muchas empresas arrastran estos préstamos ya de la pandemia. Además, los plazos para su puesta en marcha y obtención no juegan a favor de autónomos y pymes.
El listado de iniciativas incluidas hasta ahora por el Gobierno de España tampoco ha dejado satisfechos a los principales sectores productivos, que ven como pasa el tiempo y su actividad sigue sin retomarse. La industria valenciana del automóvil, con 22.000 trabajadores y que ya sufría la caída de producción de Ford en Almussafes, es una de las que ha lanzado la voz de alarma.
Grandes industrias al ralentí
Francisco Segura, presidente del clúster del sector AVIA, reclama un plan específico y rápido para el sector y sus empresas que se han visto gravemente afectados y cuyos problemas ya tienen consecuencias en la propia Ford. «Es esencial reanudar la actividad cuanto antes. En un sector como este, los fabricantes de automóviles podrían buscar alternativas, poniendo en riesgo la competitividad», advierte.
Otra gran industria que sufre los efectos en cadena de la DANA es el fabricante ferroviario Stadler, que ha tenido que reducir su producción pese a que sus instalaciones no fueran dañadas. Su suministro se ha visto afectado por los problemas de una treintena de proveedores que han sufrido destrozos, además de que 400 de sus 3.000 trabajadores tienen problemas para desplazarse a la planta.
Uno de los pocos sectores en que se han desglosado acciones específicas es el agrario, pero tampoco lo anunciado cubre las expectativas. «El Gobierno ha habilitado una partida de 175 millones para reponer infraestructuras y la Conselleria ha anunciado sólo 20 millones, una cuantía totalmente ridícula», valoran desde La Unió, que eleva a más 500 millones el balance de daños sólo en infraestructuras agrarias, sin contar las pérdidas en los cultivos.
Muchas empresas ya miran más allá y exigen un mayor esfuerzo inversor en infraestructuras. «Hay que poner encima de la mesa que es necesario ya un Plan Hidrológico para desviar y mejorar barrancos en las zonas habitadas», clama Francisco Zamora, presidente de la patronal constructora Fevec.
Medidas fiscales y laborales
Uno de los ámbitos en que las empresas valencianas echan de menos un mayor esfuerzo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez es el de la política fiscal. Para la patronal autonómica CEV sigue faltando un importante paquete de deducciones fiscales en el IRPF e Impuesto sobre Sociedades que ayude en la reparación y reposición de bienes e incentiven la reconstrucción y reposición del inmovilizado que tienen por delante miles de empresas.
El Colegio de Economistas de Valencia (COEV) ha apuntado varias rebajas fiscales que, en palabras de su decano, Juanjo Enríquez, «tienen que ir más allá ante la situación excepcional y la destrucción» causada por la DANA. Además de algunas ya recogidas por la Generalitat en impuestos cedidos, como la bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados para reponer vehículos y viviendas, reclaman una exención o bonificación del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aplicable a las obras de para recuperar viviendas e instalaciones empresariales.
El presidente de la patronal Fevec, Francisco Zamora, también insta a rebajar o eliminar el IVA «para quienes tienen que volver a comprarlo todo, porque puede darse la paradoja que en muchos casos se recaude más por el IVA que lo aportado por las ayuda a esos afectados».
En el caso de las medidas laborales, desde CEV advierten que para muchas empresas el Erte de fuerza mayor por la DANA en las condiciones aprobadas no va a ser una solución por las condiciones como garantizar la continuidad del empleo y devolver las ayudas si fracasan. «Con todos estos límites, muchas van a plantearse si es mejor recurrir a un Erte o a un ERE», asevera su presidente, Salvador Navarro, especialmente las que han perdido todo su negocio.
Desde la CEV llegan a calificar algunas de las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo como «manifiestamente perniciosas» para la continuidad de la actividad. Ya han solicitado estos expedientes cerca de 1.200 empresas con más de 16.000 trabajadores.
