Las energías verdes están contaminadas por la explotación infantil y el trabajo forzado, según informe
La transición hacia las energías limpias está agravando los problemas de explotación laboral infantil y trabajo forzado en todo el mundo, de acuerdo con un nuevo informe de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB, por sus siglas en inglés) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La dependencia alerta sobre un importante aumento en la cantidad de industrias y países que recurren a estas prácticas para obtener las materias primas necesarias para garantizar un futuro verde.
Las conclusiones se han plasmado en el reporte ‘List of Goods Produced with Child Labor or Forced Labor’. El documento señala que la cantidad de productos que se obtienen a través del trabajo infantil e involuntario creció de 159 a 204 en los últimos dos años. El número de países señalados por facilitar estos escenarios también se incrementó de 78 a 82.
“Hemos añadido 72 artículos en diferentes industrias, como bienes electrónicos y de consumo, prendas de vestir, productos textiles y de fabricación. Esta expansión muestra que los esfuerzos actuales para hacer frente a la explotación laboral no son suficientes. Combatir el ritmo con el que evolucionan las tendencias de fabricación sigue siendo un desafío”, advirtió Marcia Eugenio, directora de la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Seres Humanos (OCFT, por sus siglas en inglés) de la ILAB.
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El informe indica que la demanda de minerales básicos para la implementación de tecnologías ecológicas está agudizando la tendencia. Refiere que, entre 2022 y 2024, se han sumado 12 compuestos no orgánicos a la lista de insumos obtenidos mediante explotación infantil y trabajo forzado. La mayoría de ellos están relacionados con el crecimiento de la industria energética solar y el sector de los vehículos eléctricos. “Los niños de la República Democrática del Congo, Zambia y Bolivia extraen cobalto, litio y otros minerales cruciales. El trabajo forzoso está presente en la producción del aluminio y el polisilicio en China [así como en la extracción de] níquel en Indonesia”, acusa.
En América Latina, el uso de mano de obra infantil en la producción de bienes agrícolas es un problema creciente. Brasil encabeza el ranking con 23 productos generados a través de estos métodos. Le siguen México (con 15 artículos), Bolivia (11) y Argentina (10). Ecuador, Nicaragua y El Salvador enlistan siete mercancías cada uno, mientras que Guatemala, República Dominicana, Perú, Honduras y Panamá se mueven en un rango de seis a dos artículos. Venezuela se suma con la extracción de oro.
“Esta problemática genera un desafío cada vez mayor que no podemos pasar por alto: obtener energía limpia y, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores precarizados. A medida que se acelera la demanda de minerales esenciales, también lo hace la urgencia de abordar la explotación laboral. El retraso en afrontarla implica más niños en minas peligrosas, más trabajadores explotados y más abusos laborales en estas cadenas de suministro”, anota Eugenio.
Las energías verdes avanzan a costa de la explotación
La capacidad mundial para generar energías renovables aumentó 50% para llegar a los 510 gigavatios (GW) en 2023. Se trata del ritmo más acelerado de crecimiento en las últimas dos décadas y representa una oportunidad real para cumplir los compromisos climáticos globales, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE, por sus siglas en inglés).
La AIE reveló que la infraestructura solar fue responsable de tres cuartas partes del avance. China se posicionó como el país con la mayor cantidad de nuevos proyectos solares fotovoltaicos construidos y en funcionamiento. En contraparte, la ILAB ha identificado seis nuevos productos que se fabrican en el mercado chino en condiciones laborales bajo coacción. Los insumos van desde químicos industriales (sosa cáustica, silicio metalúrgico, cloruro de polivinilo, aluminio) hasta alimentos (azufaifas y calamares). “Esto significa que cada vez más bienes fabricados por trabajo forzoso se están infiltrando en cadenas de suministro mundiales, desde la electrónica hasta las tecnologías de energías renovables”, señala la directora de la OCFT.
El análisis de la ILAB sugiere que las empresas y gobiernos deben trabajar de manera conjunta para abordar la problemática. Añade que las autoridades de Estado deben hacer cumplir la legislación laboral, poner en marcha programas sociales para contrarrestar la pobreza y garantizar el acceso a sistemas educativos de calidad. La iniciativa privada debe supervisar sus procesos productivos para garantizar que se cumplan las garantías básicas de los trabajadores.
“La complejidad de las cadenas de suministro mundiales no es excusa para no tomar acción. Por el contrario, es un llamado a la acción. Se deben adoptar enfoques más innovadores, integrales y colaborativos [en ambos sectores] para establecer prácticas laborales éticas en todo el mundo”, concluye el estudio.