Los planes de pensiones de empleo suman casi 600.000 partícipes hasta junio y rozan el récord de 2004
Los renovados planes de pensiones de empleo toman vuelo en el primer semestre del curso. La gran apuesta del ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue derivar el ahorro para la jubilación de los planes individuales al segundo pilar de las pensiones, que requiere la implicación de las empresas y de los trabajadores. La puesta en marcha del plan sectorial de la construcción abre el camino al resto de sectores, como también lo hacen los diversos colegios profesionales y asociaciones de autónomos que han lanzado su producto. Las proyecciones son positivas: los casi 600.000 de nuevos partícipes en seis meses apuntan a que el ahorro en planes de empleo pulverizará este año el récord de 2004, cuando la Administración General del Estado (AGE) creó su vehículo e incorporó a un buen puñado de trabajadores del sector público.
Los planes de empleo simplificados están centrados en incorporar ahorradores a nivel sectorial, especialmente entre las pymes o los autónomos, quienes tienen menores previsiones de cara a la jubilación y, hasta la fecha, prácticamente unos ‘desconocidos’ en este negocio.
El término ‘simplificado’ tiene que ver con el proceso para dar de alta a la sociedad e incorporar a los trabajadores a un producto que sirve para todas las empresas de un sector. El objetivo siempre ha sido el de acumular un patrimonio tan elevado que consiga reducir los costes y las comisiones, de tal manera que sea más atractivo ofrecer una parte del salario en forma de ahorro.
Tras llegar a sumar más de un millón de partícipes a comienzos de siglo, el ahorro en los planes individuales ha navegado dos décadas en mitad de la nada y perjudicado por la profunda crisis financiera, que espantó a sus ahorradores. Los diversos recortes que aplicó Escrivá sobre los planes individuales durante la pasada legislatura fueron la ‘puntilla’ para el tercer pilar. Las aportaciones a la cuenta individual podían reducir la base imponible del IRPF de forma considerable, en hasta 8.000 euros o el 30% de los ingresos. Aquellos beneficios quedaron limados a 1.500 euros como máximo, tratando de orientar el ahorro sólo hacia los planes de empleo.
Es por ello que los planes de empleo han ganado terreno entre los trabajadores que quieren planificarse un complemento de cara a la jubilación. Las aportaciones a planes de empleo ya superan a las de los planes individuales por un matiz de gran importancia: los trabajadores de la construcción realizan aportaciones de forma automática, tal y como se definió el convenio colectivo, por lo que son ‘cuentas activas’ que engordan el patrimonio.
¿Es suficiente, o no? Tan importante es sumar trabajadores con cobertura paralela a la pensión pública y realizar aportaciones, como lo es destinar una parte considerable a esta hucha. Del 10% estimado de subida salarial en tres años (desde 2022), se destina el 3,25% de la nómina de los trabajadores de la construcción a esta ‘cuenta’ de jubilación. Es el gran ‘debe’, unas aportaciones de unos 300 euros anuales que se antojan insuficientes, incluso aplicando la rentabilidad acumulada durante toda una vida laboral.
En el primer semestre, la rentabilidad de las inversiones del salario apartado por los empleados de la construcción y los autónomos que se han lanzado a ahorrar ha generado 365 millones de euros; las prestaciones, es decir, el cobro de los ahorradores que rescatan su plan ha sido de 781 millones. Las aportaciones más la rentabilidad hacen aumentar el patrimonio.
El gran año y más retos
Incorporar a empleados del sector privado gracias, esencialmente, al plan de la construcción llevará el nivel de nuevos ahorradores en planes de empleo a pulverizar un récord intocable en dos décadas. Pero los actores implicados en la creación del plan de pensiones pionero en España han dejado patente que es un proceso de, al menos, tres años. Mientras, los autónomos caen con cuentagotas en este vehículo financiero. Cuando se agote el impulso en este sector, que ya cuenta con las grandes empresas y está incorporando a las pequeñas y medianas firmas, será necesario ampliar el foco si se quiere alcanzar el objetivo de 10 millones de trabajadores cubiertos.
Hay varios sectores maniobrando para conocer la viabilidad de incorporar este beneficio entre sus empresas y trabajadores. Lo hacen de la mano de algunas de las principales consultoras de pensiones del país y de las gestoras de fondos, que observan un negocio jugoso por el que competir. Las empresas del metal, las de la hostelería o las de grandes almacenes están en la parrilla de salida.
La iniciativa también debe ser estatal. Algunos sectores echan de menos una comunicación más fluida y mayor implicación por parte de la cartera de Seguridad Social. El papel también es del ministerio de Hacienda, quien tiene la llave para reactivar el mayor plan de pensiones de empleo del país, el de los trabajadores de la Administración General del Estado, que no recibe aportaciones del empleador desde hace más de una década.
El desarrollo del fondo público de pensiones, el proyecto de Escrivá para que el Estado promueva el ahorro en planes de empleo bajo gestión de cinco entidades financieras, está pendiente de otro retoque en su reglamento. La Seguridad Social publicó en junio un proyecto de Real Decreto para modificar una serie de aspectos que permitan lanzar definitivamente los planes. Si tiene luz verde tras la participación pública, significará que se ha desbloqueado su puesta en marcha tras la petición de organizaciones empresariales y sindicales de cobrar como institución el salario adjudicado al miembro designado como ‘supervisor’.
