Los Presupuestos Generales de Extremadura protegerán las deducciones a vivienda a través de las enmiendas del PP
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha afirmado que el Gobierno seguirá trabajando por las medidas tributarias para la adquisición de viviendas que estaban incluidas en el decreto derogado la pasada semana por el «voto irresponsable» de Vox, PSOE y Unidas por Extremadura, de modo que las introducirá en la Ley de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma para 2025 a través de las enmienda parciales que presente el Grupo Parlamentario Popular.
Así lo ha asegurado en la intervención de la consejera para la exposición del proyecto en el Pleno de la Asamblea en la que se debaten las enmiendas a la totalidad a las cuentas elaboradas por el Ejecutivo regional presentadas por los grupos parlamentarios de Unidas por Extremadura y del PSOE.
El pleno de este viernes, 29 de noviembre, es clave para asegurar las cuentas para 2025 porque María Guardiola necesita del apoyo de Vox para evitar que alguna de las dos enmiendas a la totalidad prospere, porque de aprobarse supondría la devolución de los Presupuestos al Gobierno regional.
Manzano ha criticado el «voto irresponsable» de la formación de Santiago Abascal, junto a PSOE y Unidas por Extremadura, que se unieron «para lastrar esa política fiscal justa» a la que el gobierno extremeño «no va a desistir», y para lo cual el Grupo Popular llevará «todas» las medidas contempladas en el decreto a través de las enmiendas parciales si el proyecto prospera y continúa con su tramitación parlamentaria.
Un decreto con el que se bajaba «ese tipo infernal» de un 8%, de los «más altos de toda España» al 6 y al 7%, mejoraba la bonificación del 20% en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el IRPF impulsaba el alquiler para contribuyentes que se compren una vivienda en determinadas zonas en entornos rurales con una población inferior a 3.000 habitantes que se podían deducir un 15% de esas cantidades.
De esta forma, se avanzaba en un «política fiscal de igualdad y de justicia» en la que cree el gobierno, pero el «voto conjunto» de Vox junto al PSOE y a Unidas por Extremadura derogó el decreto, con lo que un joven que hoy compra una vivienda en Extremadura «paga 6.000 euros más que hace 15 días», o que una familia monoparental paga más de 4.000 y que cualquier contribuyente que tenga más de 36 años paga 1.800 euros más.
Transformar Extremadura
Durante su intervención, ha expuesto que los presupuestos, en palabras de la propia jefa del Ejecutivo regional, María Guardiola, constituyen «la ley más importante para las familias, el funcionamiento de los servicios públicos y el respaldo de los sectores económicos» de la región en el próximo año.
Una ley que «mantendrá e impulsará» el crecimiento de Extremadura y con la que el Gobierno dice «alto y claro sí a seguir transformando» la región, a «seguir generando empleo y oportunidades» y al «trabajo y al esfuerzo diario» que respaldan los «datos objetivos e indicadores que demuestran» que las políticas de la Junta están «dando los mejores resultados».
En la vertiente del ingreso, el proyecto se traduce en «seguir adoptando» medidas tributarias para que los extremeños contribuyan «de una vez con arreglo a su capacidad económica», para que paguen los impuestos «que tienen que pagar con arreglo a los criterios de justicia y de igualdad tributaria con responsabilidad y con rigor», para dejar de ser el «auténtico infierno fiscal de presión desorbitada que asfixiaba a las familias y lastraba» el crecimiento de Extremadura.
En cuanto al gasto, son los presupuestos de los servicios públicos fundamentales, es decir, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, «al nivel que los extremeños, que las familias extremeñas, se merecen».
De esta forma, en 2025, ha dicho, la región «va a contar con la mayor dotación presupuestaria de la historia de Extremadura», un total de 8.309 millones de euros, lo que supone casi 182 millones de euros más que en el ejercicio anterior, con un «aumento decidido» de las actuaciones de carácter social con 5.269 millones de euros y de un incremento de las que tienen carácter económico.
Justicia Tributaria
En este proyecto de ley se da continuidad al trabajo realizado hasta la fecha por el gobierno regional que promueve «más justicia tributaria» en Extremadura, con «menor presión fiscal y mejores servicios públicos».
En cuanto a medidas concretas, ha destacado las que destinan a dar respuesta a la «preocupación» del Ejecutivo por la despoblación de una comunidad que «ha sufrido por esa política de expulsión de años anteriores».
«Necesitamos nuevos residentes, necesitamos incrementar la población», subraya Manzano, para lo cual se impulsan medidas fiscales como la bonificación en el IRPF durante tres años a nuevos residentes procedentes de otras comunidades autónomas del 50% de la cuota tributaria durante tres años, por trasladarse a vivir a Extremadura, y si además son jóvenes menores de 36 años, esa bonificación se eleva hasta un 75%.
La consejera ha repasado, junto a las principales medidas del capítulo de gastos por consejería, el resto de novedades tributarias ya dadas a conocer en la presentación del proyecto la pasada semana tras el registro de las cuentas, como las destinadas a enfermos de ELA y sus familiares, o las nuevas deducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones que amplía a más grupos de parentesco.
