los trabajadores que encadenan paro y pensión caen un 75% en una década
La jubilación se está transformando en España en la última década: un retiro cada vez más tardío, acorde a lo que buscan los diversos acuerdos para reformar las pensiones, que es elevar la edad real de jubilación. La jubilación anticipada, en concreto, es una sangría financiera para la Seguridad Social por las cotizaciones sociales que deja de ingresar y el desembolso que debe hacer antes de tiempo. Dentro de las modalidades que están penalizadas con los coeficientes reductores de la prestación hay una buena noticia, y es el ‘derrumbe’ de la jubilación involuntaria, aquella a la que accede el desempleado para encadenar el cobro del paro o del subsidio con la pensión pública. La jubilación anticipada involuntaria pasa de 55.000 casos en 2015 a 14.000 en 2023, un 75% menos en menos de una década.
Esta modalidad es el último recurso para los desempleados mayores de 55 o 60 años, quienes más cerca de la jubilación están. Característicamente suelen ser aquellos que llevan más tiempo buscando trabajo sin encontrarlo y tienen más dificultades para reengancharse al mercado laboral.
El acceso a la jubilación forzosa requiere haber cesado la relación laboral de forma involuntaria, incluidos los despidos colectivos, e inscribirse al SEPE como demandante de empleo durante al menos seis meses antes de solicitar la jubilación anticipada dos años antes de la edad ordinaria, a partir de los 62 años y 6 meses si se cuentan con menos de 38 años cotizados, o a partir de los 61 años si se acumulan esos 38 años o más de cotizaciones.
Hace una década, el tejido laboral era mucho más débil y había casi 4,5 millones de desocupados. Sumado a una regulación más restrictiva, uno de cada cinco jubilaciones era forzosa. Los datos indican que hay una menor tendencia hacia la jubilación forzosa, ya que esta modalidad representa aproximadamente el 4% de las altas totales del sistema, unas 14.000 personas.
¿Por qué ha protagonizado esta transformación? Este punto interesa especialmente a Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato CCOO, y a la propia Seguridad Social, pues el «derrumbe» de las salidas involuntarias se resaltó en el último Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La respuesta que ofrece a elEconomista.es es, en primer lugar, la mejora del escudo social. A diferencia de otras crisis, el Estado no restringió la máquina del gasto público para proteger al tejido productivo, evitando una destrucción masiva de puestos de trabajo.
Es importante destacar que este tipo de jubilación anticipada, por involuntaria que sea, también lleva aparejados unos coeficientes reductores que afectan a la futura pensión. La pasada década, muchos se vieron obligados a acceder a la jubilación una vez cumplían con la edad mínima viéndose penalizados por unos recortes más rígidos que los actuales, incluso del 40% de la pensión, tal y como estipulaba la normativa. El subsidio por desempleo era únicamente para mayores de 55 años y no fue hasta 2019 cuando se reestableció en 52 años.
Con la normativa actual, las anteriores obligaciones se perciben como injustas. La nueva regulación permite al parado elegir entre dejar de cobrar la prestación por desempleo en la primera edad a la que puede acceder a la jubilación de forma anticipada, teniendo en cuenta que sigue expuesto a los citados recortes, o percibir la prestación asistencial hasta la edad ordinaria de jubilación, a partir de los 65 años con más de 38 años cotizados.
Bravo insiste en que el escudo social ha dejado menos desempleados potenciales de acceder a la jubilación anticipada involuntaria. El representante de CCOO recuerda que en la reforma de pensiones de 2021 se suavizaron los coeficientes reductores en la gran mayoría de supuesto y los recortes son más favorables que en el caso de las salidas voluntarias. Por tanto, las condiciones para los desempleados de mayor edad que acceden anticipadamente a la jubilación han mejorado considerablemente.
En cualquier caso, los coeficientes reductores sí están provocando un importante descenso de las salidas anticipadas voluntarias. «Los datos más recientes sugieren que el descenso de las jubilaciones anticipadas (y consecuente aumento de la edad media de jubilación) se ha acelerado entre 2023 y 2024 (un 18% menos en el periodo enero-julio del segundo de dichos años respecto del primero)», explica el abogado de Mercer y miembro de Ocopen, Antonio Méndez Baiges.
