Luz verde al fondo público de pensiones tras fijar la retribución de sus consejeros
El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el reglamento de planes y fondos de pensiones y la Orden por la que se determina la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. El Ministerio de Seguridad Social consigue desbloquear el lanzamiento del fondo público al establecer que los consejeros del fondo, designados por el Gobierno, patronal y sindicatos, cobrarán una vez gestionen al menos 1.000 millones de patrimonio, según informó elEconomista.es.
Esta modificación desbloquea definitivamente el lanzamiento del fondo público, que nace con casi diez meses de retraso sin recibir aportaciones de los ahorradores. Introducen mejoras técnicas en el reglamento que regula estos planes, al tiempo que aclara cuestiones relacionadas con la remuneración y las compatibilidades de los miembros de la Comisión de Control Especial. Como las gestoras aun no disponían de dinero, no podían hacer frente a las remuneraciones de los consejeros. Las asociaciones (CEOE, Cepyme, UGT y CCOO) también pidieron recibir, como institución, la retribución de los consejeros nombrados por cada uno de ellos.
El Gobierno asegura que estos últimos retoques supondrán «un impulso fundamental para el segundo pilar» a través de los fondos que promoverá el Estado bajo gestión privada de cinco bancos: VidaCaixa, BBVA, Santander Pensiones, Ibercaja y Caser. El Ejecutivo exigía a estas gestoras un ambicioso objetivo de gestionar 2.500 millones, 500 cada una, entres años.
Los cambios introducidos en el reglamento permitirán, entre otras cuestiones, que los partícipes puedan percibir las prestaciones en la jubilación parcial, una posibilidad hasta ahora esta posibilidad estaba limitada. El texto aprobado por el Consejo de Ministros también aclara el contenido de la política de inversión en materia de sostenibilidad. En el caso de fondos de pensiones de empleo y fondos de pensiones personales, y permite que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento como la Comisión de Control Especial puedan solicitar asistencia jurídica al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
Fuentes ministeriales recuerdan que el impulso de la previsión social empresarial, generalizando los planes de empleo entre los trabajadores, es un recomendación y voluntad Pacto de Toledo en su punto 16.
«Supone, en definitiva, un paso más hacia la constitución de un marco más moderno para impulsar el ahorro vinculado al ámbito laboral para trabajadores por cuenta ajena y trabajadores autónomos, garantizando su protección y su adecuada supervisión, a través de la creación de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos y el impulso de planes de pensiones de empleo simplificados, para su promoción y formalización de forma rápida y su integración en fondos de pensiones de manera ágil», explican desde el Ministerio.
