María Elvira Salazar pide investigar la liberación de exfuncionario cubano cercano a El Cangrejo
La congresista pidió al DHS que investigue la liberación en territorio estadounidense de José Manuel Pozo Diéguez y recordó que los beneficios del sistema migratorio estadounidense están dirigidos a “las víctimas del castrismo”.
MADRID, España.- La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar (FL-27) solicitó este martes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que investigue la liberación en territorio estadounidense del exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), identificado como José Manuel Pozo Diéguez. Martí Noticias informó recientemente que el hombre quedó en libertad bajo supervisión tras la aprobación de un recurso de habeas corpus.
En una publicación en la red social X, Salazar recordó que los beneficios del sistema migratorio estadounidense están dirigidos a “las víctimas del castrismo” y «NO para privilegiados con conexiones a la cúpula represiva que viven entre lujos y poder mientras el pueblo cubano sufre”.
La congresista también agradeció a Martí Noticias y al periodista Mario Pentón por visibilizar el caso, al destacar que “la libertad también se defiende con periodismo valiente y sin miedo”.
Según el reporte del medio, Pozo Diéguez habría trabajado en estructuras diplomáticas cubanas y mantenía vínculos con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, conocido como “El Cangrejo”. Tras la decisión judicial que permitió su salida de custodia, permanece en libertad supervisada mientras continúa su proceso migratorio en Estados Unidos.
La información sobre su liberación generó atención adicional este lunes, cuando trascendió que el joven había desaparecido del Localizador de Detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a que su caso de asilo seguía registrado como “pendiente” en la Corte de Inmigración de Las Vegas. El pasado 9 de septiembre, CubaNet verificó que el Sistema Automatizado de Información de Casos (EOIR, por sus siglas en inglés) mantenía abierto el expediente de Rodríguez Cabrera —otro de los nombres con los que se ha identificado al mismo individuo— y que su audiencia individual de asilo estaba programada para el 2 de octubre ante el juez Glen R. Baker. Ese mismo día, el Localizador de ICE confirmaba que seguía bajo custodia en el Nevada Southern Detention Center.
La decisión que modificó su situación procesal fue adoptada el 4 de noviembre por el juez federal Andrew Gordon Boulware II, según los documentos citados por Martí Noticias. Aunque el fallo cambió de forma significativa el curso del caso, no constituye una resolución definitiva sobre su petición de asilo ni sobre la posibilidad de un ajuste de estatus en el futuro.
El investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, declaró a Pentón que Rodríguez Cabrera había trabajado como correo diplomático del MINREX y que en Cuba “vivía en un lugar muy acomodado en la ciudad de La Habana”. Agregó que, al cruzar la frontera sur de Estados Unidos, aseguró que tenía miedo “al socialismo, al comunismo”.
Tras su llegada a Estados Unidos en 2022, se asentó en Las Vegas y desempeñó trabajos ocasionales en pequeños negocios y servicios de limpieza de piscinas. Un año después, en noviembre de 2024, apareció como gerente de Gran Azul LLC, una compañía de envíos y servicios turísticos con sede en Nevada y presencia en varias ciudades del país.
Su defensa legal está a cargo del bufete Kurzban Kurzban Tetzeli & Pratt, P.A., uno de los más influyentes en temas migratorios. Tres de sus abogados —John Pratt, Edward Ramos y Elizabeth Montano— solicitaron autorización especial para litigar en Nevada, mientras el abogado local Anthony D. Guenther lidera la representación ante la corte federal.
En un análisis jurídico citado por Martí Noticias, el abogado Rolando Gallardo recordó que la pertenencia al Partido Comunista de Cuba o a organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas puede volver inadmisible a un solicitante bajo la ley migratoria estadounidense, tanto en el marco de la Ley de Ajuste Cubano como en otras vías de regularización. No obstante, señaló que “no se sabe” qué declaró exactamente Rodríguez Cabrera en su solicitud ni si el juez de inmigración tiene conocimiento de una eventual militancia partidista, lo que deja ese aspecto como una incógnita dentro del expediente.
La solicitud de investigación realizada por la congresista Salazar añade presión política al caso, que continúa bajo escrutinio público mientras las autoridades migratorias estadounidenses evalúan los próximos pasos en el proceso.