miércoles, febrero 26, 2025
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Meloni responde al revés de la justicia con un decreto para forzar nuevas deportaciones de migrantes a Albania | internacional


Giorgia Meloni está en un aparente callejón sin salida en su empeño de continuar con su plan de deportaciones de migrantes a Albania por los obstáculos legales planteados por los tribunales. Sin embargo, La primera ministra italiana está decidida a seguir adelante. Entre otros motivos, porque se siente respaldada por Bruselas y por muchos países de la UE que ven con buenos ojos su iniciativa: a la reunión de la semana pasada en la capital belga para explicar su modelo. acudieron representantes de 11 Estados miembros y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Aunque el primer ensayo haya fracasado, con 16 migrantes deportados la semana pasada que acabaron llegando a Italia de todos modos, Meloni considera que ya se ha abierto la puerta a las deportaciones. Ahora, simplemente se trata de perseverar y perfeccionar el mecanismo con las reformas legales que hagan falta. Y en eso está: en un Consejo de Ministros reunido la tarde de este lunes ha aprobado un decreto ley que reafirma sus criterios para los protocolos rápidos de deportación y con el que espera poder forzar a los jueces a convalidar el próximo traslado a Albania.

Según los medios italianos, ya la próxima semana zarparará otra nave con un nuevo grupo, en cuanto se producirán nuevos rescates y las condiciones del tiempo lo permitan. No obstante, según los juristas, el decreto ley no cambiará nada y es probable que un segundo traslado fracase de nuevo.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, este lunes en Roma.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, este lunes en Roma.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)

En medio de las críticas de la oposición por un plan de deportaciones que ya considera fallido e ilegal, el Movimiento Cinco Estrellas ha denunciado al Gobierno ante el Tribunal de Cuentas, por la enorme inversión que supone construir un campo de acogida y otro de internamiento de Albania (800 millones en cinco años y un primer traslado que costó unos 18.000 euros por cada uno de los 16 migrantes). También el Papa y la Iglesia italiana se han posicionado claramente contra el modelo albania. El vicepresidente de los obispos italianos, Francesco Savino, dijo el domingo que “los migrantes son hermanos y hermanas con su dignidad, no paquetes para lanzar de una parte a otra”. Y este lunes, Francisco ha anunciado de que no se puede “cerrar la puerta a los inmigrantes”. “El migrante debe ser acogido, acompañado e integrado”, subrayó en un mensaje en vídeo dirigido a una asamblea de Acción Católica Italiana.

La respuesta de Meloni es este decreto ley, una norma de rango superior a la vigente hasta ahora, que era un decreto del ministerio de Asuntos Exteriores en coordinación con el de Justicia e Interior. En pleno choque con la magistratura italiana, pero también con una resolución del Tribunal de Justicia de la UE, confía en blindar el criterio del Gobierno y que los jueces tengan que aceptar sus directrices. El Ejecutivo de ultraderecha ha cargado duramente estos días contra los tribunales, con la acusación de arrogarse competencias que no les corresponden, e insiste en que no pueden ser ellos quienes fijen la política exterior ―en este caso qué países se pueden considerar seguros a priori para poder retener en la frontera a aquellos de sus ciudadanos que piden asilo, ante la previsión de que se recace―. En el nuevo decreto, el Gobierno insiste en mantener su lista de países que consideran seguros. La tensión del ambiente ya recuerda a los días de Silvio Berlusconi y sus ataques a los jueces, a los que atribuía odio ideológico y conspiraciones para derribarle, en contra de la voluntad popular. Se repiten argumentos idénticos.

Desde la magistratura se responde que los tribunales solo aplican las leyes, que es lo que en todo caso debería cambiarse. Esto es lo que va a intentar Meloni, con un resultado incierto, porque en realidad, según los juristas, son las normas europeas las que habría que modificar. El Tribunal de Roma, que ordenó el viernes el traslado a Italia de los 12 migrantes deportados en el campo de internamiento albanés de Gjadër, se remitió, precisamente, a una reciente sentencia europea, que es vinculante.

La convicción de Meloni de insistir en su plan también se debe a que la propia Comisión ha anunciado su intención de revisar toda la normativa referente a qué países pueden considerarse segurospara facilitar las deportaciones. El Gobierno ha repetido que lo que está haciendo Italia dentro de poco se hará en toda la UE, a partir de la entrada en vigor del pacto de inmigración en 2026.

La clave del enfrentamiento entre el Ejecutivo de ultraderecha y los tribunales italianos está en ese punto; en lo que se considera un país seguro, al que, por tanto, se puede a priori repatriar una persona que solicita asilo, porque no hay razones que justifiquen aceptar su petición. Esta es una pieza fundamental del esquema en el polémico protocolo rápido de retención en frontera, gestión y rechazo de solicitudes de asilo que Italia aprobó en marzo de 2023 y que quiere aplicar en Albania.

Para aplicar ese procedimiento acelerado, Italia desarrolló una lista de 22 países seguros, cuyos ciudadanos pueden ser deportados a Albania, porque se prevé que sus peticiones de asilo se rechacen. Sin embargo, una reciente sentencia del 4 de octubre del Tribunal de Justicia de la UE recortó en la práctica esa lista y dejó los países seguros en solo siete. Esto tiene consecuencias nefastas para el modelo albania: se caen de la lista los principales Estados de origen de la inmigración que llega por el Mediterráneo, como Bangladesh, Egipto o Túnez. Es decir, prácticamente condenaba el plan de deportaciones al cierre.

La resolución indicaba, respondiendo a un caso particular, que si en un país hay una zona donde no se respetan los derechos humanos, o hay algún colectivo que sufra discriminación, debe considerarse no seguro todo el país. En su lista de 22 Estados clasificados como seguros, Italia recoge excepciones de este tipo en 15 y, por lo tanto, cuando al Tribunal de Roma le llegó la petición de convalidación de retención en frontera, en este caso en Albania, de siete bangladesíes y cinco egipcios, la denegada. Porque esos países no son seguros, según el criterio de la sentencia europea. Por lo demás, el obstáculo legal se veía venir, porque ya los tribunales de Palermo y Catania, en Sicilia, donde se tramitan la mayoría de las peticiones, han rechazado en el último año y medio el 90% de las solicitudes de convalidación de retención. en frontera. Ahora, el Gobierno vuelve a reafirmarse en su lista de países seguros, y habrá que ver lo que hacen los tribunales ante la próxima deportación.



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