México no ha cumplido con sus compromisos ambientales y tiene un duro reto ante la COP 29
Del 11 al 22 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bakú, Azerbaiyán (COP 29). El objetivo principal es buscar estrategias para que los países miembros de la UNFCCC (siglas inglesas para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) logren cumplir sus metas establecidas en el Acuerdo de París, y que conjuntamente limiten el calentamiento global a no más de 1.5 °C por encima de la temperatura promedio de la era preindustrial. Este año, la COP 29 se enfocará en asegurar el financiamiento para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático y la transición energética.
El año pasado, en la COP 28 de Dubái, el Secretario General de la ONU, António Guterres, dijo: “Estamos viviendo un colapso climático en tiempo real. Sin acciones agresivas, el calentamiento global está en camino de alcanzar casi 3°C, el doble de los 1.5 °C deseados”. Algunos acuerdos alcanzados en la COP 28 fueron de impacto relevante, tales como comprometer a los países a emisiones netas de carbono cero para 2050 y triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, así como formalizar el Fondo de Pérdidas y Daños que proporcionará financiamiento para los países vulnerables afectados por desastres climáticos. Sin embargo, también hizo evidente verdades alarmantes: que las acciones actuales son insuficientes para reducir las emisiones de carbono de los países más desarrollados, que el cálculo de la meta financiera para reducir las emisiones de carbono es ineficiente, que hace falta una más realista y adaptada a las nuevas necesidades y circunstancias de cada país, y que existe aún un enorme interés económico de los países en seguir invirtiendo en combustibles fósiles.
La ONU pide a los líderes mundiales comprometerse a reducir en 42% las emisiones anuales de gases de efecto invernadero.
Adicionalmente, esta COP 29 buscará que los países fortalezcan sus compromisos para reducir sus emisiones a nivel nacional y adaptarse a los impactos del cambio climático. Estos compromisos, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son herramientas esenciales para coordinar la acción climática global. Idealmente, cada país debe modificar sus NDC cada cinco años o menos para hacerlas cada vez más ambiciosas y restrictivas.
¿Cumplió México con sus metas al 2024?
En el famoso Acuerdo de París de 2016, México se comprometió al alcanzar una meta de participación mínima de métodos limpios para la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018, del 30% para 2021 y del 35% para 2024. Si bien, en 2021 México se quedó apenas 0.5 puntos porcentuales por debajo de la meta del 30% de generación de energía limpia, el PRODESEN 2024 (documento oficial de la Secretaría de Energía) indica que al cierre del 2023, la proporción fue de solo el 24.32%, lo que representa una enorme diferencia frente a la meta propuesta. Esto es incluso menor a lo alcanzado en 2021. En otras palabras, México no avanzó hacia el cumplimiento de sus metas y, de hecho, caminó en el sentido contrario.
Esta reducción en la generación de energía limpia se debe principalmente, según el mismo PRODESEN, a una reducción significativa de generación en centrales hidroeléctricas debido a la sequía de los últimos años; sin embargo, no hubo una mayor participación de fuentes renovables para compensar el aumento en la demanda eléctrica. Además, hubo un freno a la inversión privada para el incremento en capacidad de energía limpia frente al sexenio anterior. Se supone que México cuenta con aproximadamente 5,400 MW adicionales de energía renovable listos para entrar en operación (según datos oficiales de la Comisión Reguladora de Energía), sin embargo, no han sido autorizados. Así, México se quedó muy por debajo del cumplimiento de sus NDC, resultados que tendrá que presentar en la COP 29, junto a las estrategias para acelerar, ahora sí, la transición energética en los próximos años.
Acciones individuales, gubernamentales y empresariales son necesarias para mitigar el cambio climático pero, ¿por dónde empezar y quién debe más?
En 2022, aún en el entendido de que no lograría llegar a las metas propuestas en el 2016, el gobierno de México modificó sus NDC, aumentando su meta de reducción de generación de gases de efecto invernadero de 22% a 35% para el 2030, lo cual implicaría una capacidad instalada adicional de energías limpias de hasta 40 GW, según el reporte de actualización de NDC del 2022 elaborado por la SEMARNAT y el INECC. Sin embargo, los datos estadísticos se han ido modificando conforme se actualiza la documentación oficial y con el cambio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Plan Estratégico de Energía de Sheinbaum
El 6 de noviembre, la presidenta de México presentó un plan estratégico en materia energética, donde expuso tres posibles escenarios para aumentar la participación de energías limpias. Se considera una capacidad instalada mucho menor a los 40 GW del reporte presentado en el 2022:
- Escenario 1B con cogeneración, según el cual, se podría llegar al 38% de generación de energía limpia (8,000 MW aprox) y una reducción de emisiones de CO2 del 4.5%
- Escenario 1A sin cogeneración, donde se pretendería llegar al 36% de generación de energía limpia (7,000 MW) y una reducción de emisiones de CO2 del 2.7%
- Escenario 2, alto, donde se estimaría llegar a una generación de energía limpia del 45% (13,000 MW), y una reducción de emisiones de CO2 del 12.7%
La Directora de CFE, Emilia Calleja, argumentó que los escenarios 1A y 1B consideran procesos para generar energía eléctrica que podría apoyar en los procesos productivos de PEMEX, y que el 30% de la generación a través de este esquema se consideraría energía limpia.
En 1848 se realizó la primera extracción de hidrocarburos en Bakú. En esta edición 29a, es el epicentro de la conversación sobre las obligaciones de la industria de los combustibles fósiles en relación con el cambio climático.
En 2023, un acuerdo publicado por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) modificó la metodología para el cálculo de eficiencia y permitía que una parte del proceso de generación de los ciclos combinados (que utilizan gas natural como combustible principal) se considerara energía libre de combustible. Esto hubiera aumentado el porcentaje de generación limpia en el país de manera instantánea y así habría logrado acercarse a la metas del Acuerdo de París de generación de energía limpia del 35%. En definitiva, la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera permitido considerar la generación a través de un combustible fósil (el gas) como energía limpia, esquema que no ha sido utilizado en ningún otro país con anterioridad. Esto hubiera desvirtuado los incentivos para incorporar mayor participación de energías renovables. Además, hubiera violado la Ley de Transición Energética del 2015, que prohibió considerar como cogeneración eficiente la generación eléctrica mediante ciclos combinados.
Un juez concedió una suspensión definitiva con efectos generales para que el Acuerdo no fuera utilizado por la CRE, congelando así la estrategia del gobierno que habría permitido que se aumentara el porcentaje de participación de generación limpia en las estadísticas de manera artificial.