Moncloa estudia incluir otra alza del IRPF para las rentas altas en su reforma fiscal
El Gobierno estudia otra subida del tipo máximo del IRPF para las rentas de capital, que afectaría de lleno a los tramos más altos del impuesto, según apunta en su plan fiscal remitido esta semana a Bruselas. Para ello, Moncloa desempolva el Libro Banco fiscal que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargó en 2022, y prevé que le sirva como guía de la próxima reforma fiscal. En concreto, la letra pequeña de la hoja de ruta enviada a la Comisión Europea confirma que el Ejecutivo aprobará medidas tributarias «para hacer el sistema tributario más efectivo» e «incrementar los ingresos». Para ello, adoptará las recomendaciones del Comité de Expertos destinadas a «promover la equidad», para aumentar la ratio de ingresos sobre PIB en 0,3 puntos entre 2025 y 2031.
El capítulo aludido del Libro Blanco propone una reforma del impuesto sobre la renta para eliminar las distorsiones que vulneran ese principio y recuerda que España es uno de los únicos socios europeos que no cuentan con un modelo dual. En concreto, asegura que las rentas del capital están más concentradas en la parte alta de la distribución de la renta, por lo que razona que «tipos impositivos más elevados sobre esas rentas tendrían un efecto redistributivo». Como ejemplo, el Comité afirma que parte de las retribuciones obtenidas por directivos y ejecutivos, ocultan un componente gravado como renta de capital, que tributa por debajo de las rentas del trabajo. Aquellos con ingresos superiores a 480.000 euros tributan cerca del 40% de sus rendimientos a través de rentas de capital, lo que demuestra que estructura actual de la base imponible del IRPF es regresiva y fomenta la desigualdad. El efecto es más adverso para aquellas rentas superiores a los 600.000 euros. Según datos del ministerio de Hacienda, un 55% de sus ingresos tributan a través de la base del ahorro.
Esta idea, ya fue defendida por Sumar, que ha instado a Montero a llevar su tipo máximo a las rentas de capital al 33% y crear un nuevo tramo para las rentas del trabajo a partir de los 150.000 euros. Con ello, prevén que se podrían añadir 500 millones de euros cada ejercicio. Ambas medidas integran un plan tributario que el socio de Gobierno aspira a impulsar a cambio de su apoyo al proyecto de Presupuestos, y con el que pretende recaudar 3.445 millones de euros anuales.
No es la única medida que podría incluir la reforma fiscal que prepara el Gobierno. El plan estructural desvela que parte de las medidas tributarias irán dirigidas a «apoyar la transición energética», un aspecto en el que incide el informe del Comité de Expertos.
El documento base, propone crear nuevos impuestos verdes dirigidos a gravar los billetes de avión, el uso de infraestructuras viarias, los residuos, los grandes complejos industriales o la extracción de recursos hídricos; una profunda revisión de la imposición medioambiental con la que se busca hacer converger la fiscalidad española con la de la de la zona del euro, y con la que -según sus estimaciones- se podrían ingresar entre 6.000 millones y 15.000 millones de euros.
«Los tributos medioambientales son, primordialmente, instrumentos que buscan dar cumplimiento al principio de quien contamina paga», afirman los expertos que firman el Libro Blanco. Cabe recordar, que la UE recauda medio punto más por tasas verdes que España, 2,3 puntos frente a 1,7 puntos del PIB que ingresa la Agencia Tributaria por este tipo de tributos. De hecho, el español es el tercer sistema fiscal europeo que menos ingresos registra por impuestos ambientales, solo por encima de Luxemburgo e Irlanda. Por contra, la presión de la tributación verde en Grecia, Croacia u Holanda genera una recaudación de entre los 3,4 y los 3,8 puntos sobre el PIB.
En pleno proceso de elaboración del futuro texto, la ministra de Hacienda cuenta con varias propuestas en firme para redoblar la presión fiscal sobre la contaminación. Los de Ernest Urtasun quieren que Montero asuma un impuesto de solidaridad ambiental para aviones privados, yates, coches de lujo y otros bienes suntuarios, con el que recaudar apenas 100 millones.
Además, en el detalle del plan fiscal estructural, el Ejecutivo se marca como objetivo el «impacto de los beneficios fiscales», aunque no aporta más información al respecto. No obstante, el trabajo dirigido por el catedrático Ruiz-Huerta -sobre el que se basará la futura reforma fiscal- señala especialmente al impuesto de Sociedades. El informe insta a Moncloa a elaborar una Memoria de Beneficios Fiscales integrados en Sociedades y acotar la validez de esos beneficios fiscales a un plazo máximo de cinco años.
Valoración posterior
Transcurrido ese tiempo, Hacienda deberá encargar a un ente independiente el valorar si las deducciones son eficaces con base en análisis individualizados y criterios científicos, además insisten en que los resultados tendrán que ser accesibles para que la comunidad investigadora pueda someterlo a debate. «Los nuevos beneficios fiscales se establecerían con carácter temporal por defecto, debiendo ser confirmados sólo tras una evaluación positiva», estipula el consejo del Comité. El análisis recuerda que el impacto de los beneficios sobre la recaudación es limitado. En concreto, el gasto total devengado por estos incentivos en España se situó en 0,1 puntos de PIB en 2019. Según la AIReF, del total de contribuyentes con derecho a una deducción en el impuesto de Sociedades, solo un tercio pudo aplicarse total o parcialmente estos incentivos. El organismo afirma que las deducciones aplicadas supondrían en torno a un cuarto de las deducciones devengadas.
Entre ellas, destacan las deducciones dirigidas las socimi, las sicav o a aquellas empresas que inviertan en I+D+i. Esta última se aplica directamente sobre la cuota a pagar del impuesto y no sobre la base imponible, reduciendo así la cantidad a pagar del impuesto. En general, el beneficio da cobertura al 25% de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto, pero podría deducirse el 42%.
