Ocho personas detenidas por operar una presunta red fraudulenta de compraventa de dólares
El MININT se jactó este martes de la operación, llevada a cabo en la provincia de Guantánamo.
MIAMI, Estados Unidos. – El Ministerio del Interior (MININT) de Cuba anunció este martes la detención de ocho personas (cinco hombres y tres mujeres) que operaban una presunta “red dedicada a la estafa mediante la compraventa fraudulenta de dólares (USD)” en Guantánamo, con vínculos en La Habana, Villa Clara y Las Tunas.
Según Héroes de azul en Cuba, el perfil en Facebook de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), “se logró neutralizar una red”, que operaba en Guantánamo desde julio.
Sin embargo, los partes oficiales divulgados por esta entidad y medios oficiales omiten datos esenciales sobre los implicados, las víctimas y la responsabilidad institucional en estos hechos.
La información precisa que se incautaron “más de 100.000 CUP, teléfonos celulares y líneas utilizadas en el fraude” y que “el daño económico asciende a casi 6 millones de CUP y 1.000 USD”.
El mecanismo descrito por las autoridades se apoya en el uso intensivo de redes de compraventa e instrumentos de comunicación. En Facebook, la PNR explicó que “el modus operandi se basaba en la ingeniería social: seleccionaban víctimas en redes de compraventa, utilizaban ‘líneas fantasmas’ y viviendas acondicionadas como escenarios de engaño, con vías de escape rápidas”.
Ni la página de la PNR ni la nota de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) reproducida por medios estatales ofrecen información sobre la identidad de los detenidos, sus edades, sus ocupaciones ni posibles vínculos con estructuras estatales o empresas públicas, pese a que en Cuba el acceso a divisas, telecomunicaciones y viviendas suele estar fuertemente regulado. Tampoco se precisa cuántas personas fueron estafadas, qué tipo de anuncios utilizaban en las “redes de compraventa” ni durante cuánto tiempo exacto operó la red antes de la intervención del MININT.
La cobertura oficial contrasta también las cifras de daño declarado y lo efectivamente ocupado. Mientras el perjuicio “se estimó en casi seis millones de pesos cubanos y 1.000 dólares estadounidenses”, las incautaciones se limitan a “más de 100.000 pesos cubanos, teléfonos celulares y líneas utilizadas en el fraude”. No se aclara si el resto del dinero se recuperó, si se rastreó, ni qué mecanismos se aplicarán para resarcir, en caso de que sea posible, el daño a las víctimas.
La ACN inserta el caso dentro del marco legal vigente y recuerda que “el delito de estafa está regulado en el Código Penal vigente (Ley No. 151 de 2022)”. Según la nota, “dicha norma establece sanciones de privación de libertad, confiscación de bienes obtenidos ilícitamente e inhabilitación para ejercer determinadas funciones, dependiendo de la magnitud del perjuicio y las circunstancias agravantes”.
El énfasis en el Código Penal contrasta con la falta de datos sobre el tratamiento procesal concreto que recibirán las ocho personas detenidas en Guantánamo. No se precisa, por ejemplo, qué figuras delictivas exactas se les imputan, en qué fase se encuentra la investigación ni si cuentan con asistencia letrada desde el momento de su arresto. Solo se sabe que se trata de “cinco hombres y tres mujeres” y el supuesto alcance económico del fraude, sin poder evaluar la proporcionalidad de las sanciones que podrían imponerse.