Podemos exige sancionar a Mercadona, Inditex o Coca Cola para financiar el escudo social por la DANA
Podemos vuelve a servirse de la Dana que azotó el sudeste de España la semana pasada con el fin de criminalizar a las grandes empresas que operan en ese área. Sin que hayan transcurrido ni 24 horas después, de que el presidente Pedro Sánchez presentará el primer paquete de ayudas, por valor de 10.600 millones, para las zonas afectadas, el partido morado aseguró que «ese escudo social» debe financiarse con las multas y sanciones impuestas a las «empresas criminales» que mantuvieron activos a sus trabajadores en plena Dana. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, mencionó explícitamente a «Mercadona, Inditex, Ikea y Coca-Cola».
Podemos ahonda así la estrategia de buscar culpables en el mundo económico que ya puso en marcha poco antes de conocerse la magnitud de la tragedia que asoló la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas. Ya la semana pasada presentó una proposición no de ley para investigar y multar a las empresas que, a su juicio, deberían haber parado por completo su actividad desde el primer momento. No obstante, en esa ocasión, no llegó tan lejos como ahora, en el que ha señalado, por su propio nombre, a las empresas que considera culpables, a las que atribuyó una conducta indignante.
Es más, Belarra, en el transcurso de una corta intervención televisada, aseguró que es una cuestión de «responsabilidad política» el hecho de que se identifique a estas empresas de forma directa, recurriendo incluso a la acusación, «tras poner en peligro a sus plantillas de trabajadores y trabajadoras». Sobre ellas, tienen que «recaer sanciones ejemplares» de modo que «paguen por lo que han hecho».
En un tono igualmente duro, la exministra de Igualdad anticipó que ninguna de estas compañías «podrá reparar el daño que ha hecho, en especial a la sociedad valenciana».
Podemos también sitúa en su punto de mira a los propietarios de alojamientos turísticos en las áreas afectadas, al abogar por que este tipo de inmuebles sean expropiados por las autoridades con el fin de que sirvan para alojar heridos y personas que se han quedado sin hogar
