¿Por qué Alejandro Gil está realmente en prisión?

También la coincidencia de la destitución con el momento de la entrada en vigor del paquetazo anunciado en diciembre por el primer ministro Manuel Marrero, que traía el aumento en más de un 400 por ciento de los precios de los combustibles, los recortes a los subsidios, el alza de las tarifas de transporte, electricidad, agua y gas, entre otras medidas impopulares, lleva a algunos a sospechar con cierta lógica la posibilidad de que la caída de Gil no fue tan “sorpresiva” como parece sino una maniobra política que buscaba ofrecer, de antemano, un único y absoluto culpable. Nos dan alguien a quien odiar “con razón” cuando las medidas comenzaran a hacer efecto en los bolsillos de quienes ya habían sido saqueados previamente al iniciarse la desastrosa “Tarea Ordenamiento”. Y quizás hasta fuera una maniobra conocida y aceptada en principio, como otra tarea a cumplir, como otra muestra de lealtad, por el propio Alejandro Gil.

Pero algo bien extraño, no previsto en los planes, sucedió entre el anuncio de la destitución a inicios de febrero y la publicación de la nota oficial del 7 de marzo de 2024. Algo como la negativa a echarse encima los errores del fracaso de la Tarea Ordenamiento, ya sea por un inusual acto de honestidad o por una cuestión de orgullo exacerbado, muy probable esto último en un sujeto que a lo mejor llegó a creerse que era posible desplegar iniciativas y creatividad en un negocio que no le pertenecía pero que en algún momento creyó que sí.

Un error que, para el castrismo, siempre ha sido el más imperdonable de todos, y si no revisemos no solo los motivos principales de la ola de destituciones del 2009 sino un caso anterior, más ilustrativo, de abril de 2008, como lo fue el de Luis Ignacio Gómez Gutierrez que, luego de 18 años en el ministerio de Educación, fue acusado por Fidel Castro en una de sus “reflexiones” de haber “perdido energía y conciencia revolucionaria”, pero solo porque en sus últimos discursos públicos, en reuniones y conferencias dentro y fuera de Cuba, se había adjudicado méritos personales en su labor frente a un ministerio que el dictador consideraba de su absoluta propiedad.

Por eso Castro escribió: “(Luis Ignacio Gómez) se apropió de logros ajenos (…). No debió pronunciar los últimos discursos y hablar de futuros encuentros de educadores del hemisferio y del mundo, exaltando una obra que fue fruto genuino de numerosos cuadros revolucionarios y no personal, como pretendía hacer creer a los invitados”.

Ya el resto de las acusaciones sobre los “viajes excesivos” al exterior (más de 70 en 10 años, casi uno por mes) contra Gómez Gutierrez (sustituido por Ana Elsa Velázquez, también en su momento destituida, aunque con “honores”) fueron de puro relleno. Como posiblemente lo sea la mayoría de las acusaciones que hoy enfrenta el ingeniero en Explotación del Transporte convertido por la fuerza de su servilismo en economista reformador.

Otra posibilidad, más allá de su ego desmesurado, de su negativa a mostrarse públicamente como un fracasado o un desechado por el poder —a diferencia de Marino Murillo Jorge, que de haber sido considerado el “Zar de las Reformas” aceptó ser rebajado como “castigo” a director de Tabacuba— pudiera ser el resistirse a renunciar a lo que consideraba sus intereses personales en una empresa privada como Agroindustrial Media Luna, de Ciego de Ávila, a la que el régimen ya le había echado el ojo, así como hace con todo “emprendimiento” que le interesa controlar de modo absoluto o que desea desaparecer porque le hace la competencia a alguien más poderoso.

Agroindustrial Media Luna comenzaba a destacarse, sobre todo con su línea de jugos y compotas de la marca Tuaba —así como en su momento lo hiciera Río Zaza, de Max Marambio— y sin dudas llamó la atención de la élite militar que gobierna Cuba. El esquema de éxito no se debía tanto a las habilidades de su propietario, Fernando Javier Alban Torres, ex dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas y amigo personal de Alejandro Gil, sino a la esposa de este, Gina González García, que le aportó al negocio sus experiencias en el departamento económico de Río Zaza hasta el explote por “corrupción” que terminó las relaciones del chileno Max Marambio, ex agente de los servicios de inteligencia cubano, con el régimen castrista.

El negocio en Ciego de Ávila no era una simple cooperativa con luces de mipyme sino un proyecto ambicioso que, emulando a la desaparecida Río Zaza, ya comenzaba a importar los insumos a través de dos empresas (Yamfer Global Import Export SL. y Boitex España SL, ambas registradas en Cantabria en junio de 2022) fundadas en España por el propio Javier Albán, que fuera apresado en marzo de 2024 junto con su amigo el ministro de Economía.

La historia de estos arrebatos cometidos por la élite militar bajo el amparo de acusaciones de todo tipo no son ni puntuales ni casuales. Más bien marcan un patrón de comportamiento que si bien tuvo sus orígenes en las expropiaciones realizadas por Fidel Castro apenas llegó al poder en los años 60, se convirtió durante los años 90 y posteriores en el método más practicado por el castrismo cada vez que ha necesitado echar mano a dinero rápido y fácil.

Lo hicieron con Río Zaza en su momento, así como lo han hecho con cuanto se revela exitoso en medio de su imperio de miserias y penurias. Como se ha dicho una y otra vez, con base en la observación de ese patrón, las acusaciones de espionaje y corrupción, sobre todo son usadas por el régimen para purgarse de rivales y de desleales (desobedientes) pero, más que eso, para protegerse de la peligrosa cercanía con empresarios extranjeros potencialmente reformadores y que pudieran liderar una transición democrática en Cuba.

Pasó en junio de 2011, cuando un tribunal de La Habana dictó sentencia y sancionó a varios cubanos y empresarios extranjeros por cometer delitos “asociados a la corrupción en sectores de la agroindustria azucarera, la minería y el turismo”. Se les acusó, como esta vez, de delitos de cohecho, falsificación de documentos bancarios y comercio de carácter continuado, actos en perjuicio de la actividad económica y la contratación, actividad económica ilícita, tráfico de divisas, estafa, evasión fiscal.

Fue el famoso caso que involucró a Vahe Cy Tokmakjian y a funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, y que concluyó con el comiso de los activos en Cuba de Tokmakjian Group Inc., Tokmakjian Ltd., CYMC Corp., Tokmakjian International Inc. y Perry Intertrade Inc., cuando fueron declaradas “terceros civilmente responsables por el actuar delictivo de Vahe Cy”.

Esos mismos mes y año de la condena “en ausencia” contra Tokmakjian, recibieron condenas el empresario chileno Marcel Marambio (igual “en ausencia”) y poco más de una decena de ex directivos cubanos, de Cubana de Aviación y de la empresa mixta Sol y Son los Viajes S.A., por delitos de corrupción. Y un mes antes, en mayo de 2011, el hermano de Marcel, Max Marambio, también fue juzgado y condenado (“en ausencia”, como si a todos los hubiesen dejado escapar a propósito) a 20 años de cárcel por delitos similares, pero en la empresa mixta Río Zaza. Un escándalo que se llevó por delante incluso a otro Alejandro, pero de apellidos Roca Iglesias, en aquel momento ministro de la Industria Alimenticia, condenado a 15 años de prisión.

También, pero en mayo de 2013, fueron juzgados dos empresarios británicos presuntamente corruptos, Amado Fakhre y Stephen Purvis, director ejecutivo y  jefe de operaciones, respectivamente, de la firma Coral Capital, que manejaba hoteles en varios puntos de la Isla. Pero una semana antes había sido el juicio al canadiense Sarkis Yacoubian, directivo de la firma Tri-Star Caribbean, bajo los cargos de soborno, evasión de impuestos y actividades perjudiciales para la economía cubana. En todos los casos hubo cierre de las compañías y comiso total de los bienes.

Así la historia hasta el presente. De cierto modo, el cierre del llamado “Costco cubano”, en junio de 2024 —solo unos meses luego de la destitución de Alejandro Gil— y el apresamiento de su propietario, el cubanoamericano Frank Cuspinera Medina, acusado de evasión fiscal y lavado de activos, entra en ese esquema de “arrebatos”, de expropiación. Aunque en este caso porque se trataba de sacar del juego a un competidor, precisamente en el momento en que el régimen planeaba desplegar su red de tiendas en dólares, bajo un esquema no por casualidad similar al del ingenuo Cuspinera Medina, que les proporcionó de su propio bolsillo, sin costo alguno, el experimento de negocios que necesitaban ensayar sin salir perjudicados. Hasta le rentaron una nave, propiedad de GAESA, para que abriera el mercado que después cerrarían.