Precios topados: ¿a favor de quién?
LA HABANA, Cuba. – Mucha razón les asiste a los consumidores cubanos cuando sienten preocupación cada vez que las autoridades anuncian que determinados precios minoristas van a ser topados. Los jerarcas de la economía castrista siempre aducen que lo hacen con un sentido filantrópico, para que las personas de menores ingresos puedan acceder a ciertos productos que según ellos se comercializan a precios “abusivos y especulativos”.
Sin embargo, ya hasta el más neófito en cuestiones de economía sabe que la supuesta buena intención se convierte en un fastidio, pues los productos se pierden de las tarimas tras el tope de precios, y después el abrumado consumidor tiene que adquirirlo “por la izquierda”, es decir, en el mercado informal, a un precio superior al topado, que en realidad es el que indica “la calle”.
Tal es la situación que se ha presentado con el arroz que se vende liberado en los agromercados del país. El pasado lunes 10 de marzo entró en vigor un precio topado para ese producto, y ya el martes 11 no se veía el arroz en esos establecimientos.
En días pasados se celebró la reunión de balance del trabajo del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) correspondiente al año 2024. En esa cita se dijo que para el actual 2025 se evalúa la posibilidad de regular los precios ―toparlos― de los productos de alta demanda. Sin dudas, una noticia nada halagüeña para los consumidores. Porque si en estos momentos la presencia en los mercados de muchos de esos productos de alta demanda es precaria, es de suponer que si les topan los precios será difícil hallarlos en lo adelante.
Algo similar pudiera suceder con las tarifas que cobran los taxistas particulares, los denominados boteros. En la reunión de balance del Ministerio del Transporte, el primer ministro Manuel Marrero, al referirse a la crítica situación que exhibe el transporte de pasajeros debido al deterioro de los medios, habló de “reordenar los servicios que prestan la formas de gestión no estatal, que en algunos lugares son la única opción de transporte alternativo”.
Para ejemplificar la actual debacle del transporte público en la capital ―pensamos que en el interior del país la situación sea peor― tomemos los casos de dos rutas muy importantes por el recorrido que efectúan. El P11, que va desde el Vedado hasta el barrio de Alamar, y el P12, con trayectoria entre el Parque de la Fraternidad, en Centro Habana, hasta el periférico poblado de Santiago de las Vegas. Es muy frecuente que ambas rutas cuenten con una sola guagua para prestar el servicio, lo que hace que en ocasiones los pasajeros deben esperar hasta dos o tres horas en una parada para que pase alguno de esos P.
Ese “reordenamiento” al que se refirió Marrero Cruz, y que se piensa aplicar a los servicios del sector no estatal, significa en la práctica topar las tarifas que aplican los boteros, los que están siendo golpeados por las dificultades que afrontan para adquirir el combustible para poder trabajar. Algo que, sin dudas, debe de haber influido en las tarifas que actualmente aplican.
Tras el hipotético tope de precios a los boteros, la respuesta podría ser que muchos de ellos decidan no trabajar por un tiempo. ¿Y qué sería entonces de los pasajeros, casi sin guaguas, y con un servicio ineficiente de gazelles, que a veces tardan más de una hora para abordar alguna de ellas en sus piqueras?
Claro, esas son preocupaciones que asaltan al cubano de a pie. A la camarilla gobernante no. Ellos tienen suficientes automóviles y combustible para moverse a su antojo.