Relatora de la ONU pide levantar sanciones a Cuba, donde, al parecer, no se violan los DD.HH.
La jurista bielorrusa visitó Cuba del 11 al 21 de noviembre «para evaluar el impacto de las sanciones» impuestas al régimen.
MIAMI, Estados Unidos. – La relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, instó este viernes a Estados Unidos a levantar las sanciones que aplica contra el Gobierno cubano desde hace más de seis décadas, al cierre de una visita oficial a la Isla centrada exclusivamente en el embargo y su “sobrecumplimiento”, en un momento de crisis económica y social extrema para la población cubana.
“Durante más de 60 años, Estados Unidos ha mantenido un amplio régimen de restricciones económicas, comerciales y financieras contra Cuba, la política de sanciones unilaterales más prolongada en las relaciones exteriores estadounidenses”, declaró Douhan en La Habana al presentar sus conclusiones preliminares. “Como resultado de este régimen de sanciones, generaciones de cubanos han vivido bajo medidas unilaterales coercitivas, que han moldeado el panorama económico y social del país”.
La jurista bielorrusa visitó Cuba del 11 al 21 de noviembre “para evaluar el impacto de las sanciones unilaterales y del sobrecumplimiento en el disfrute de los derechos humanos en Cuba”, en el marco de su mandato como relatora especial sobre las medidas coercitivas unilaterales.
La experta adelantó que presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2026, pero ya pidió el levantamiento de las restricciones de Washington, a las que atribuye “efectos significativos en todos los aspectos de la vida en la Isla”.
Douhan afirmó haber escuchado testimonios de que las sanciones se han endurecido desde 2018, con nuevas medidas añadidas a las ya existentes e “intensificadas” tras la reincorporación de Cuba a la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo en 2021, durante el mandato del presidente Donald Trump.
El comunicado de la ONU subraya que esas restricciones, combinadas con el “de-risking” y el sobrecumplimiento por parte de bancos y empresas de terceros países, “limitan la capacidad tanto del Gobierno como de los ciudadanos para planificar a largo plazo y están asfixiando el tejido social de la sociedad cubana”.
La visita tuvo lugar en medio de una crisis que medios internacionales describen como “aguda”, con escasez de alimentos, combustible, medicinas y agua, cortes eléctricos prolongados y falta de liquidez que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana.
Las sanciones, no las violaciones de derechos
El diseño del mandato de Douhan explica en parte el enfoque estrecho de su declaración. La propia ONU define su cargo como relatora sobre “el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”, es decir, un mandato específicamente dedicado a estudiar sanciones como las que Estados Unidos aplica a Cuba. No se trata de una relatoría sobre la situación general de derechos humanos en el país, sino sobre un factor concreto: las sanciones.
No obstante, Douhan pudo haber apuntado que el Gobierno cubano no permite a otros relatores de Naciones Unidas ni de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajar a la Isla para desarrollar su trabajo.
Antes de viajar a La Habana, la Oficina del Alto Comisionado anunció que la experta se reuniría con autoridades gubernamentales, agencias de la ONU, organizaciones internacionales y regionales, cuerpo diplomático, sector empresarial, académicos y “otros actores no gubernamentales”, además de celebrar una conferencia de prensa al final de la visita.
En su comparecencia en La Habana, Douhan dijo haberse entrevistado con funcionarios, diplomáticos, organismos internacionales, representantes religiosos, académicos y del sector privado, pero, según Reuters, “no precisó si tuvo contactos con opositores ni medios independientes de prensa”.
La omisión es especialmente significativa en un país donde la represión contra periodistas, activistas y opositores ha sido documentada de manera reiterada por organismos internacionales y ONG.
En paralelo, medios oficiales como el Canal Caribe destacaron sus encuentros con altas figuras del régimen, entre ellas la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Ana María Mari Machado, y la ministra de Educación, Naima Trujillo, que le presentaron la versión gubernamental sobre los efectos del embargo en áreas como la canasta familiar normada, el comercio interior, la industria alimentaria y el sistema educativo.
¿Hubo críticas al Gobierno cubano?
CubaNet revisó los documentos oficiales disponibles hasta el momento sobre la visita de Douhan: la nota de anuncio del viaje y el comunicado de final de misión publicado por la Oficina del Alto Comisionado en su sitio web, así como la versión difundida por servicios de noticias que reproducen íntegramente ese texto.
En esos documentos no aparece ninguna crítica directa a la actuación del Gobierno cubano. La relatora se centra en describir los impactos de las sanciones estadounidenses y del sobrecumplimiento por parte de terceros países en la economía, el sistema financiero y los servicios básicos, y formula llamamientos dirigidos a Estados sancionadores y a la comunidad internacional para que levanten o mitiguen esas medidas.
Tampoco hay referencias explícitas a la falta de reformas económicas internas, a la corrupción, al control militar de sectores estratégicos ni a la represión sistemática de libertades civiles, factores señalados de manera constante por organizaciones de derechos humanos y por analistas independientes como causas centrales de la crisis actual.
A partir de los textos oficiales publicados por la ONU hasta el momento, no se observa que Douhan haya formulado críticas al régimen cubano. Tampoco hay alusiones a casos concretos de presos políticos, detenciones arbitrarias o violaciones de derechos civiles y políticos, pese a que, recientemente, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, determinó que Cuba es hoy el país con más condenas por privación de libertad por motivos políticos e ideológicos desde 2019, con 93 casos reconocidos en seis años.
La propia lógica del mandato de la relatora ―centrado en sanciones unilaterales― no la obliga a abordar todos esos temas, pero el contraste dentro del sistema de Naciones Unidas es evidente: mientras un grupo de trabajo especializado señala a Cuba como el país con más decisiones por detenciones arbitrarias, la relatora que ahora visita la Isla solo hace visibles los efectos del embargo y no menciona la responsabilidad directa del Estado cubano en las violaciones de derechos.
Numerosos análisis académicos y de centros de estudio ―no vinculados al Gobierno cubano ni a Washington― coinciden en que la crisis que atraviesa la Isla no se explica solo por el embargo ni solo por la gestión interna, sino por la combinación de ambos factores, agravados por la pandemia de COVID-19 y el colapso del turismo.
Sin embargo, la prioridad que Douhan otorga a las sanciones, sin balancear su discurso con una evaluación visible de la responsabilidad estatal en la represión y el fracaso económico, refuerza la narrativa oficial del régimen, según la cual el “bloqueo” externo es la causa casi exclusiva del desastre actual.