Rosa María Payá califica de indignante decisión de Biden
SLP, México.- La líder opositora cubana Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma ciudadana Cuba Decide, calificó de indignante la decisión de la administración del presidente Joe Biden de retirar este martes la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”.
En un video exclusivo enviado a la redacción de CubaNet, la activista cubana consideró injustificadas las medidas, pues ayudan a los militares cubanos y no benefician al pueblo.
“No hay justificación para sacar a la dictadura cubana de la lista de patrocinadores del terrorismo, no solamente por su apoyo al terrorismo internacional y también en las Américas, sino porque todos los días esa dictadura ejerce el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos”, expresó Payá.
Ninguna de estas medidas realmente ayuda al pueblo cubano a salir de la crisis, argumentó, insistiendo en que la revocación de las sanciones a la cúpula militar cubana permite financiar la represión en Cuba.
“Las entidades militares que ahora han dejado de estar reguladas y accederán a fondos gracias a esta política de Estados Unidos son las mismas que tienen cuentas con billones de dólares en el extranjero, mientras el pueblo cubano se muere de hambre. Nada de esto contribuye a paliar las condiciones de estado fallido que enfrenta al pueblo cubano, porque para salir de la crisis hay que salir de la dictadura”, exclamó en la comunicación.
También se refirió a la promesa de excarcelación de presos políticos cubanos, usados para arrancar concesiones a Estados Unidos, mientras el régimen continúa encarcelando a los ciudadanos por pensar distinto.
Este martes, la administración del presidente Joe Biden retiró la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo”, según se dio a conocer en la página oficial de la Casa Blanca.
La comunicación, firmada por el mandatario Joe Biden, sostiene que el Gobierno de Cuba no ha brindado ningún apoyo al terrorismo internacional durante el período de 6 meses anterior; y que ha brindado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro.
El Gobierno de EE.UU. suspendió asimismo el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas que entró en vigor en 1996, y que fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos nacionalizados, pudieran demandar ante tribunales estadounidenses a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años, antes de la Revolución.
Ambas medidas estarían motivadas por una promesa del régimen de La Habana a la Iglesia Católica de liberar a los presos políticos.
Tras conocerse la noticia, el Gobierno cubano anunció la liberación de 553 prisioneros “sancionados por delitos diversos”.
Sin mencionar si se trata de presos políticos, una nota oficial de la Cancillería Cubana refiere que la decisión se produjo “sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la ley, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba”.
Los prisioneros, argumentan, recibirán sus respectivos beneficios “gradualmente”, indicó el Gobierno cubano, sin precisar cuándo ocurriría la liberación ni quiénes serían los beneficiados.