Seis funcionarios del MINSAP incluidos en lista de represores por su rol en el caso de Damir Ortiz
MIAMI, Estados Unidos. – La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incorporó la pasada semana a seis médicos y funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba a su base de datos pública de “Represores Cubanos”, tras considerar que participaron en una estrategia de encubrimiento sobre las fallas médicas y la represión institucional sufridas por el niño Geobel Damir Ortiz Ramírez y su madre, Eliannis Ramírez.
Según una nota de prensa de la organización, los funcionarios se prestaron a una “farsa política” transmitida en espacios televisivos conducidos por el vocero oficialista Humberto López. La FHRC señala que, con su intervención en estos programas, los galenos “cometieron diversas violaciones de principios de la ética médica”.
Los identificados como “Represores de Bata Blanca” son los doctores Araíz Consuegra Otero, Orestes Ramón López Piloto, Wilfredo Roque García, José Luis Aparicio Suárez, Yuliet Lemus Trujillo y Andy Hernández Álvarez.
Acusaciones graves de encubrimiento y presión
La Fundación argumenta que estos profesionales participaron en la difusión pública de información que ocultaba deficiencias en el tratamiento médico del menor y en justificar la negativa del sistema de salud a emitir una carta de carencia de recursos, documento requerido por la Embajada de Estados Unidos para procesar una visa humanitaria.
“Al protagonizar una farsa política en dos espacios televisivos… los galenos cometieron diversas violaciones de principios de la ética médica”, señala el comunicado de FHRC.
Durante su comparecencia en televisión nacional, ninguno de los médicos mencionó el nombre de Damir Ortiz. Sin embargo, la doctora Araíz Consuegra Otero, directora del Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, sostuvo que en Cuba existían “todos los recursos sanitarios para la asistencia al menor de edad”, contradiciendo los reclamos de la madre y de médicos exiliados que advirtieron sobre graves carencias.
Por su parte, la neuróloga Yuliet Lemus Trujillo declaró en el programa Razones de Cuba que aceptar la solicitud de la madre sería equivalente a “mentir y desacreditar un sistema que sí tiene para atender los elementos clínicos que vayan apareciendo de esa enfermedad”.
Diagnóstico erróneo y muerte en el exilio
Damir Ortiz, de 10 años, fue diagnosticado en Cuba erróneamente con Linfoma de Burkitt o leucemia de células Burkitt, cuando en realidad padecía Neurofibromatosis plexiforme tipo 1 (NF1), una enfermedad genética que requiere tratamientos complejos y recursos especializados.
El menor recibió innecesariamente quimioterapia en la Isla y, en cambio, no fue tratado por una infección bacteriana grave. Finalmente, falleció por sepsis generalizada en el hospital Nicklaus Children’s de Miami, más de 20 días después de haber llegado a Estados Unidos con ayuda de activistas, tras múltiples esfuerzos frustrados para obtener el visado humanitario.
Solo Andy Hernández Álvarez, director de Oncología del Juan Manuel Márquez, trató directamente a Damir, aunque solo por breve tiempo. Según la FHRC, el médico llegó a amenazar a la madre con “traerle a los abogados del hospital”, en lugar de atender a las solicitudes de información sobre el estado de salud del menor.
Violaciones éticas y presunta complicidad represiva
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba sostiene que los implicados violaron no solo principios médicos fundamentales, sino que además colaboraron con la persecución política y la intimidación de la madre del menor por haber denunciado la situación públicamente.
El objetivo de su inclusión en la base de datos, indicó la organización, es “someter a la vergüenza pública a estos profesionales, cuyo compromiso con la salud debería ser transparente y cumplirse sin discriminación para todos los pacientes, así como nunca prestarse a manipulaciones con fines políticos”.
Según la descripción disponible en la plataforma digital de “Represores Cubanos”, los actos cometidos por los seis especialistas se clasifican como violación de la ética médica reconocida por Naciones Unidas, negligencia criminal, intimidación, amenazas y crímenes de lesa humanidad por persecución con motivos políticos.
La FHRC considera que este tipo de encubrimientos institucionales reflejan una subordinación de los deberes médicos a los intereses del Estado, y recalca que los expedientes presentados buscan documentar públicamente estas responsabilidades para que “casos como el de Damir no se repitan con impunidad”.
Damir Ortiz Ramírez murió el pasado sábado tras una larga batalla por obtener el tratamiento adecuado para su enfermedad. La falta de diagnóstico certero, la negativa del MINSAP a reconocer sus limitaciones y la presión ejercida sobre su madre por acudir a redes sociales y a la ayuda de activistas, han convertido su historia en símbolo del colapso del sistema de salud cubano y de la represión estatal contra quienes lo denuncian.
El caso ha provocado reacciones de indignación dentro y fuera de la Isla, y ha vuelto a poner en el centro del debate el papel que juegan los profesionales de la salud cuando actúan bajo presiones políticas.