Senado mexicano aprueba la reforma judicial de AMLO en medio de fuertes protestas
MADRID, España.- En la noche de este 11 de septiembre el Senado mexicano aprobó una reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Con 86 votos a favor y 41 en contra, el partido gobernante Morena y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lograron aprobar una de las reformas constitucionales más debatidas en la historia reciente del país. A pesar de las fuertes protestas y las tensiones que obligaron a trasladar la sesión a una sede alterna, la reforma fue aprobada y espera su ratificación en los Congresos estatales.
Cambios profundos en el sistema judicial
La reforma introduce una serie de cambios significativos en el sistema de justicia de México. Entre ellos, destaca la elección popular de jueces, magistrados y ministros, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la eliminación de las pensiones vitalicias para estos funcionarios. Además, se impone un límite a los salarios de jueces y magistrados, quienes no podrán ganar más que el presidente del país.
La elección de jueces y magistrados por voto popular directo es uno de los aspectos más controversiales de la reforma. Los críticos sostienen que, en lugar de aumentar la transparencia y la independencia judicial, esta medida podría politizar el sistema de justicia. Argumentan que podría favorecer a los candidatos con conexiones políticas o financiamiento, dejando de lado el mérito profesional. También existe la preocupación de que el crimen organizado pueda aprovechar esta apertura para influir en el sistema judicial, financiando campañas de candidatos afines.
A pesar de las críticas, el gobierno de López Obrador y los legisladores de Morena han defendido la reforma como un paso crucial hacia la democratización del sistema judicial. Según sus promotores, esta iniciativa busca erradicar la corrupción que ha afectado al Poder Judicial durante décadas. Claudia Sheinbaum, quien sucederá a López Obrador en la presidencia, ha expresado su firme apoyo a la reforma y ha prometido seguir adelante con su implementación cuando asuma el poder.
Reacciones adversas y preocupaciones internacionales
Además de las críticas nacionales, la reforma ha generado preocupación en el ámbito internacional. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados había solicitado reconsiderar el proyecto para salvaguardar la autonomía judicial. Human Rights Watch también expresó su inquietud, señalando que la reforma podría socavar la independencia y la rendición de cuentas del sistema judicial.
Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, calificó la propuesta como un “riesgo mayor” para la democracia y advirtió que podría poner en peligro el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La embajada destacó que la falta de independencia judicial podría afectar negativamente la resolución de controversias laborales, lo que representa una violación a las disposiciones del acuerdo comercial, cuya revisión está prevista para 2026.
El sector empresarial también ha expresado sus preocupaciones sobre los posibles efectos de la reforma en la estabilidad jurídica y el clima de inversión en México. Algunos inversores temen que el nuevo esquema judicial pueda facilitar la promulgación de leyes que perjudiquen al sector privado, lo que incrementaría la percepción de riesgo y podría afectar las inversiones a largo plazo. Aseguran que la incertidumbre jurídica derivada de esta reforma podría tener efectos adversos para la economía mexicana
En las próximas semanas, la reforma será sometida a votación en los Congresos locales, donde Morena tiene una fuerte presencia. Si al menos 17 de los 32 Congresos estatales ratifican la medida, López Obrador podrá promulgarla antes de dejar el cargo.