septiembre fue un “mes negro para la libertad de expresión” en Cuba
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 212 acciones represivas durante el mes, entre ellas 39 detenciones arbitrarias.
MADRID, España.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que durante septiembre de 2025 se registraron al menos 212 acciones represivas en Cuba, incluyendo 39 detenciones arbitrarias y 173 abusos de otro tipo, en lo que calificó como “un mes negro para la libertad de expresión”.
De acuerdo con el informe mensual publicado por la organización, con sede en Madrid, el régimen cubano intensificó el uso de sentencias ejemplarizantes para castigar publicaciones en redes sociales y manifestaciones pacíficas, un patrón que busca infundir miedo y disuadir la protesta ciudadana en medio del agravamiento de la crisis económica.
🚨 Septiembre fue un mes negro para la libertad de expresión en #Cuba:
📌 212 acciones represivas en total
– 39 detenciones arbitrarias
– 173 otros abusos
📌 Condenas de hasta 14 años por publicar en redes sociales📊 Desde enero, el OCDH ha documentado 2.462 acciones… pic.twitter.com/nGbVtOQ2Xk
— Observatorio Cubano de Derechos Humanos (@observacuba) October 7, 2025
Condenas por publicar en redes sociales
Entre los casos más destacados mencionados por el OCDH figuran los de Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero, condenados recientemente a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, por los delitos de “propaganda contra el orden constitucional” y “otros actos contra la Seguridad del Estado”.
Tristá Padilla, de 36 años y residente en Las Tunas, fue arrestada el 19 de septiembre tras recibir la notificación de la sentencia. En noviembre de 2024 había sido absuelta por “insuficiencia de pruebas”, pero el Tribunal Supremo revocó esa decisión y ordenó un nuevo juicio este año. La acusación se basó en publicaciones críticas y convocatorias a una manifestación pacífica en mayo de 2023, que nunca llegó a concretarse.
Por su parte, Varona Agüero fue acusado de supuestos vínculos con la organización en el exterior Autodefensa del Pueblo (ADP) y de recibir instrucciones para fabricar cócteles molotov, aunque el tribunal inicial que los absolvió había señalado que no existían pruebas materiales ni testigos independientes que sustentaran esos cargos.
El OCDH cuestionó la falta de garantías procesales en ambos juicios y denunció que las condenas se apoyaron principalmente en testimonios de oficiales y documentos de inteligencia del Estado, sin evidencia verificable ni derecho a defensa efectiva.
También fueron sancionados en procesos paralelos Félix Daniel Pérez Ruiz (5 años) y Cristhian de Jesús Peña Aguilera (4 años) por compartir convocatorias a protestas en redes sociales. Ninguna de las manifestaciones llegó a realizarse.
Hasta nueve años de cárcel por protestar en Bayamo
El informe también hace referencia a las condenas impuestas a 15 cubanos de Bayamo, provincia de Granma, por participar en las protestas del 17 de marzo de 2024 contra los apagones, la escasez y el deterioro de los servicios públicos.
El Tribunal Municipal Popular de Bayamo impuso penas de hasta nueve años de cárcel a ocho de los manifestantes, mientras que otros cinco recibieron condenas de entre tres y cinco años, y dos fueron sancionados a trabajo correccional sin internamiento. Los delitos atribuidos incluyen desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir.
Los condenados permanecieron más de un año en prisión preventiva antes del juicio, lo que constituye una violación de las garantías procesales básicas. Las protestas ocurrieron en un contexto de apagones prolongados de hasta 13 horas diarias y escasez de bienes esenciales, que provocaron manifestaciones espontáneas en varios barrios de la ciudad.
El régimen usa el miedo como herramienta política
El documento detalla que entre enero y septiembre de 2025 se han documentado 2.462 acciones represivas, de las cuales 461 corresponden a detenciones arbitrarias. Las provincias más afectadas son La Habana, Holguín y Granma, donde también se reportaron allanamientos de viviendas, amenazas, juicios sin garantías y abusos contra presos políticos.
El Observatorio concluye que las autoridades cubanas recurren cada vez más a penas desproporcionadas y procesos judiciales sin garantías como herramienta de control político y social.
“El régimen quiere infundir terror ante su estrepitoso fracaso socioeconómico y su incapacidad para buscar soluciones”, señala el informe, que también documenta allanamientos de viviendas de activistas, amenazas, hostigamiento policial y maltrato a presos políticos en distintas provincias.