Sherritt pagaba el salario; el Gobierno cubano se quedaba con la mayor parte
Un profesional cubano que trabajó en una refinería en Alberta, Canadá, asegura que debía entregar entre el 80% y el 90% de su sueldo a las autoridades de La Habana.
MADRID, España.- Un profesional cubano que laboró en la provincia de Alberta, Canadá, en una empresa conjunta entre la industria minera estatal de Cuba y la compañía privada canadiense Sherritt International, denunció que entre el 80% y el 90% de su salario fue retenido por el Gobierno de la Isla mientras estuvo contratado en ese país. Su testimonio fue difundido por CBC News, medio que decidió ocultar su identidad para evitar posibles represalias contra su familia en Cuba.
Según explicó, en su contrato figuraba un ingreso cercano a los 100.000 dólares anuales. Sin embargo, al llegar a Canadá fue informado de que debía transferir la mayor parte de ese salario a las autoridades cubanas a través de sus supervisores. Aseguró que los trabajadores cubanos “trabajaban como cualquier canadiense”, pero recibían solo una fracción del pago que depositaba la empresa canadiense.
El trabajador relató que, ante la pérdida de la mayor parte del salario, él y otros empleados recurrían a tiendas de bajo costo y mercados de segunda mano para cubrir sus necesidades básicas. También señaló que existían instrucciones explícitas para no establecer vínculos personales con ciudadanos canadienses y para evitar comentar en público las condiciones del contrato, debido al riesgo de que “la embajada lo descubriera”.
Una investigadora consultada por CBC situó este caso dentro de un patrón más amplio de control estatal sobre los ingresos de profesionales cubanos contratados en el extranjero. Explicó que, para muchos de estos trabajadores, la posibilidad de reclamar derechos laborales básicos es limitada, y que la retención salarial opera como un mecanismo de presión y subordinación.
Los empleados cubanos sostienen que Sherritt International pagaba los salarios completos, pero que eran los supervisores enviados por La Habana quienes exigían la entrega de la mayor parte de esos ingresos. La empresa canadiense declaró no tener conocimiento de ningún esquema de confiscación salarial.
Ni el Gobierno cubano ni su embajada en Canadá respondieron a las preguntas del medio. Las autoridades canadienses señalaron que han reforzado procedimientos para detectar abusos laborales en contrataciones internacionales, aunque no precisaron si existe alguna investigación relacionada con esta empresa conjunta.
La denuncia se suma a otras realizadas en los últimos años por trabajadores cubanos desplegados en el exterior, quienes describen sistemas de contratación controlados por el Estado y limitaciones en sus derechos laborales, salariales y de movilidad.
En septiembre pasado, otro testimonio recogido por la organización Archivo Cuba puso en el centro del debate la relación entre la canadiense Sherritt International y el régimen cubano. La denuncia apuntaba a un esquema de explotación laboral que habría operado durante años en empresas mixtas de Sherritt con CubaNiquel, tanto en Las Bahamas como en Canadá, en el marco de lo que se presenta como “misiones laboral e internacionalistas”.
El exempleado, un profesional calificado enviado a trabajar en New Providence Metal Marketing, Inc., en Nassau, relató que los cubanos estaban sometidos a un régimen de trabajo forzoso. Entre las prácticas señaladas destacan la confiscación de hasta el 95 % de sus ingresos, restricciones de movimiento y relaciones personales, obligación de asistir a reuniones políticas y entrevistas con la Seguridad del Estado, así como la prohibición de regresar a la Isla en caso de abandonar la misión.
Según la denuncia, los salarios eran depositados en cuentas del Royal Bank of Canada en Bahamas, pero la mayor parte debía ser transferida a una cuenta en La Habana administrada por el Banco Financiero Internacional, institución vinculada al conglomerado militar GAESA. Los trabajadores podían retener apenas 500 dólares canadienses al mes (unos 388 USD), de los cuales 150 eran retenidos en Cuba. Con lo restante —alrededor de 262 USD— debían cubrir gastos de manutención en un país con uno de los costos de vida más altos del Caribe.