Sumar logra impulsar en el Congreso la ley que obliga a revisar todas hipotecas de antes de 2011 por si tenían cláusulas abusivas
El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Sumar para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses conocidas como ‘Redito ad Libitum’ (Redal). Solo ha votado en contra Vox.
El debate sobre las llamadas hipotecas Redal, es decir, aquellas que se firmaron con cláusulas «redito ad libitum», en las que no existía una fórmula claramente pactada sobre el pago de intereses o capital, lo han seguido desde la tribuna una representación de los centenares de familias afectadas, algunas arruinadas y en riesgo de desahucio.
La propuesta legislativa de Sumar ha superado el primer trámite, el de la toma en consideración, con 314 votos a favor y 31 en contra, tras lo cual se abrirá el plazo para que los grupos políticos presenten enmiendas.
De salir finalmente adelante, esta ley exigiría a los bancos pasar una especie de «ITV», en la que las propias entidades revisarían las hipotecas variables firmadas antes de 2011 por falta de transparencia sobre la amortización y ofrecerían a sus clientes una solución, ha explicado el diputado de Sumar y promotor de la iniciativa Félix Alonso.
El problema de las hipotecas de antes de 2011
Sumar explica que dichas cláusulas se introdujeron en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos engañosos o sistemas de subamortización encubierta, de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y después de décadas se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica a la hora de firmar.
Alonso ha señalado que la casi totalidad de hipotecas variables firmadas contenían errores hasta 2011, año en el que el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para actuar en las hipotecas con cláusulas Redal y que estas pasaran un chequeo.
«Antes del 2011 vivíamos una etapa en la que corría mucho el dinero, las entidades se saltaban su propia conducta financiera, se firmaban ante notarios contratos sin fórmulas matemáticas», ha denunciado Alonso. La ausencia de las fórmulas para calcular la cuota hipotecaria implicaba que cuando cambiaban los intereses, el consumidor se quedaba al albur de lo que le cobrara el banco «unilateralmente».
¿Qué dice el Banco de España?
Durante el debate, Alonso ha advertido de que, aunque la justicia europea terminará dando la razón a estas familias, si no legislan antes, «se colapsarán los juzgados y muchas perderán su casa». También ha defendido que lo que propone es una «solución financiera que no supone un perjuicio para banca, sino una renegociacion».
Tanto el PNV como Vox han destacado que el Banco de España nunca ha señalado una incidencia relevante de afectados por las cláusulas Redal, si bien la representante del grupo vasco, Idoa Sagastizabal, se ha mostrado partidaria de regular el clausulado de los contratos bancarios para que sean «transparentes».
El parlamentario de EH Bildu Oskar Matute ha apoyado la iniciativa «no por venganza, sino por justicia», mientras que Pilar Vallugera (ERC) ha dicho que se trata de una propuesta necesaria y que le parece «correcto» que el banco tenga que ponerse en contacto con sus clientes para avisarles de las irregularidades y buscar cómo arreglarlo.
La diputada del PP Alía Aguado, que se ha referido a este asunto como «delicado», ha defendido que fueron gobiernos de su partido los primeros que adoptaron medidas para proteger a los afectados por las cláusulas abusivas en el sistema financiero.
También ha apuntado que quienes firmaron hipotecas de 2000 a 2010 y ahora se enfrentan a cuotas superiores a lo que pueden pagar es porque el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo a los ciudadanos «cada día más pobres».
Desde el PSOE, Noelia Cobo, ha afirmado que el refuerzo de la protección de los clientes financieros constituye una «prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez, como certifican todos los proyectos legislativos que ha llevado a esta cámara», si bien ha reconocido que todavía esa protección «debe mejorar».
Por su parte, Josep María Cruset, de Junts per Catalunya, ha incidido en que es responsabilidad de la cámara plantear soluciones a las familias afectadas y se ha posicionado «al lado de los vulnerables» para facilitar la aprobación de la propuesta
