Una solicitud para hacer del ecocidio un crimen contra la humanidad
Ecocidio, un crimen contra la humanidad. Tres pequeñas naciones del Pacífico han dado un pequeño pero histórico paso en favor de la protección del medio ambiente. Vanuatu, Fiyi y Samoa presentaron el lunes 9 de septiembre una propuesta formal ante la Corte Penal Internacional (CPI ) para reconocer el «ecocidio» (la destrucción grave y generalizada de los ecosistemas) como delito internacional equiparable al genocidio y los crímenes de guerra.
La propuesta, presentada ante la CPI en Nueva York, define el ecocidio como «actos ilícitos o arbitrarios cometidos a sabiendas de que existe una alta probabilidad de causar daños graves, generalizados o a largo plazo al medio ambiente«. Si se aprueba, la enmienda al Estatuto de Roma de la CPI, base jurídica y operativa de la organización, permitiría enjuiciar a individuos, como ejecutivos de grandes empresas contaminantes o jefes de Estado, considerados responsables de la devastación medioambiental.
El llamamiento
Desde su creación en 2002, la CPI, con sede en La Haya, se ocupa de crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Más de 120 países, entre ellos el Reino Unido y la Unión Europea, son partes en la CPI. Su fiscal jefe, Karim Khan, pidió recientemente la detención del Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también se quiere que Vladimir Putin comparezca ante el tribunal. Sin embargo, el alcance jurisdiccional del tribunal es bastante limitado, ya que Estados Unidos, China, India, Rusia y otros grandes emisores de gases de efecto invernadero no son partes en él.
Philippe Sands, abogado internacional y copresidente del grupo de expertos que elaboró la definición jurídica de ecocidio, declaró a The Guardian que está «100% seguro de que el tribunal reconocerá el ecocidio. La única cuestión es cuándo», señalando que algunos países como Bélgica ya han incluido el delito en sus leyes y que la Unión Europea ha modificado sus directrices sobre delitos internacionales para incluirlo como delito «cualificado», es decir, uno que, debido a la presencia de circunstancias agravantes o características especiales, es más grave que una violación ordinaria del mismo tipo.
Una larga batalla
Es probable que el debate sobre la propuesta dure años y se enfrente a una fuerte oposición, principalmente por parte de empresas de gran impacto, como las petroleras, cuyos directivos podrían ser considerados responsables si se adopta el nuevo delito. Sin embargo, según Jojo Mehta, cofundador del grupo de presión Stop Ecocide International, «una vez que la cuestión figura en el orden del día de la CPI, los Estados miembros están obligados a abordarla».
La iniciativa de las tres islas del Pacífico marca un momento clave en la lucha por el reconocimiento del ecocidio, una batalla iniciada en 2017 por la propia Stop ecocide international y llevada por primera vez a la atención de la CIP por Vanuatu en 2019. Aunque podrían pasar hasta diez años antes de que alguien sea realmente acusado de ecocidio incluso si se aprueba, según los proponentes, la propuesta es crucial para lograr una mayor aceptación del concepto.
Artículo originalmente publicado en WIRED Italia. Adaptado por Mauricio Serfatty Godoy.