domingo, diciembre 22, 2024
Economía

Díaz da hasta el 7 de diciembre para hacer aportaciones al proyecto de ley para reducir la jornada


El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas desde el 1 de enero de 2025 sin reducción de salario ya está en fase de consulta pública por iniciativa del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Los agentes interesados podrán realizar aportaciones al futuro articulado por un plazo de 15 días, como es habitual, desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre.

El trámite del recorte de jornada por ley se produce tras la ruptura del Gobierno con la patronal, que ha rechazado esta reforma, y con el acuerdo con la parte sindical aún por cerrar. Así, esta acción es el primer paso para informar y recabar aportaciones de los sujetos y organizaciones implicadas antes de elevar la norma al terreno político.

Es una reforma inédita en más de cuatro décadas, pues la última regulación de la limitación legal de la jornada máxima semanal data del año 1983. La motivación detrás de esta reforma, que forma parte de una promesa electoral de Díaz con Sumar, son las mejoras salariales, de productividad o conciliación, responde el Ministerio de Trabajo en el texto.

La justificación de la reforma son el control horario y el fraude de horas impagadas. Díaz quiere controlar las horas extra ilegales y, en su caso, impagadas a través de un registro electrónico al que tendría acceso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este registro horario que pretende la ministra también llevaría aparejado un nuevo régimen sancionador para disuadir a las empresas, como defienden los sindicatos.

Jurídicamente también quiere blindar el derecho a la desconexión de los trabajadores una vez finalizado el horario o el turno. Por ello quiere definir el «derecho irrenunciable» del trabajador a esta desconexión para garantizar que la no atención fuera de la jornada no tendrá represalias o consecuencias laborales.

El texto que aún debe cerrar con los sindicatos dejará fuera las ayudas y bonificaciones a las micropymes que inicialmente ofreció el Gobierno a CEOE una vez rechazada la oferta desde la patronal. Los sindicatos quieren reforzar el control digital, evitar las horas impagadas y endurecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa horaria.

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