Díaz debe concretar la flexibilidad en la reducción de la jornada para acercarse a CEOE
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, retoma este lunes la negociación para reducir la duración máxima de la jornada laboral semanal de las 40 horas actuales (en cómputo anual), a 38,5 horas en 2024 y 37,5 horas en 2025. Está llamado a ser el gran hito político de la ministra de Trabajo. La vuelta del verano viene cargada de tareas y no se antoja para nada sencilla, pues las posturas están en el mismo punto que antes de las vacaciones. El equipo de Díaz deberá concretar cuáles son las medidas de flexibilidad para recortar el tiempo de trabajo y conseguir acercar a los representantes de los empresarios. Los sindicatos, de igual manera, están pendientes de estas concesiones y delimitan sus líneas rojas.
La líder de Sumar y su equipo negociador, liderado por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Reyes, emplazaron a los miembros del diálogo social a certificar un acuerdo este mes de septiembre. Eso sí, con los sindicatos y también con la patronal. Díaz es consciente de que, si es capaz de encaminar la negociación tras el falso ultimátum que lanzó a CEOE, su reforma podría aterrizar en el terreno político con más enteros. Porque reducir las horas de trabajo puede tener el consenso de los políticos o de los ciudadanos, pero ante una Cámara Baja tan repartida también es importante el ‘cómo’ hacerlo.
El Gobierno lleva la batuta en las conversaciones a tres bandas tras fracasar la negociación entre CEOE-Cepyme, por la parte empresarial, y UGT-CCOO, por la parte sindical. A esta nueva cita se sentará con nuevas propuestas con las que Pérez Rey confía «alcanzar un acuerdo cuanto antes». Aunque no se cierran a fechas concretas, Pérez Rey apremia a la celeridad y septiembre podría ser un mes importante.
Las propuestas sobre la mesa
En las reuniones celebradas durante julio, el Gobierno pasó de lanzar un ultimátum a la patronal, dar marcha atrás para intentar atraer a todas las partes a la reforma. Hubo avances positivos y propuestas sobre la mesa, aunque no con todo el detalle que deseaban las dos partes del diálogo social para valorar las medidas. Además de la reducción de las horas, el Gobierno considera imperantes los cambios para reforzar el registro de la jornada laboral y el derecho a la desconexión digital.
La propuesta que trasladó el ministerio de Trabajo a mitad de julio comenzó a recoger la «flexibilidad» que tanto pedían las empresas para reducir las horas de trabajo y conseguir adaptarse a la nueva normativa. El departamento de Díaz propuso aplicar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales durante todo 2025, y no desde el 1 de enero, con lo que las empresas tendrían un plazo más amplio, aunque fue un primer acercamiento y no tuvo más desarrollo. La flexibilidad también se podría conseguir a través de la negociación colectiva, es decir, marcando los objetivos por parte del Gobierno y delegando en los convenios colectivos que se actualizan cada tres años.
Entre los temas que manejan también distribución irregular de un 10% la jornada en cálculo anual para aquellos sectores con necesidades productivas más intermitentes. Es decir, un empleado podrá trabajar puntualmente más horas y se deberá ajustar, necesariamente, al tope de 37,5 ó 38,5 horas. A cambio, la empresa ofrece los correspondientes días de descanso o de vacaciones. La desconexión digital entró en el debate para garantizar que, además de trabajar menos, se evitan los contactos laborales fuera del horario.
En la mesa también se llegó a plantear una excepción para las empresas que más lejos están del objetivo de horas, como son la hostelería, el comercio o la agricultura. De nuevo, fue un mero acercamiento sin desarrollo. El aumento del tope de horas extraordinarias que se pueden realizar, topado en 80 horas anuales en España, quedaría exclusivamente focalizado en aquellos casos con elevado absentismo, según las conversaciones abordadas en julio. Sobre el registro horario, Trabajo valora la dificultad para controlar la entrada y salida del trabajo en determinados puestos, sectores o localizaciones geográficas.
Nuevo curso político para Díaz
La vicepresidenta segunda arranca el nuevo curso político con varios temas de calado en materia laboral y todo por definir. Además de la reducción de la jornada laboral, la otra materia estrella es la indemnización del despido. El vicesecretario de Políticas Sindicales de UGT, Fernando Luján, ha liderado durante el último año y medio una demanda al Comité Europeo de Derechos Sociales para encarecer el coste del despido improcedente. La resolución, publicada a finales de julio, dio la razón al sindicato. Díaz, alineada con la postura de la central, tiene como objetivo una reforma para centrar le coste del despido en la objetividad del ceses para convertirlos en improcedentes.
Durante el nuevo curso político, y bajo iniciativa también socialista, el departamento de Trabajo adaptará la normativa estatal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los estándares fijados en la directiva europea sobre la materia. La última subida estableció el SMI en 1.080 euros. De igual forma, Trabajo nombrará a un grupo de expertos para valorar los efectos de la reforma laboral negociada durante todo 2021 y puesta en marcha en marzo de 2022. Estudiarán, esencialmente, el efecto sobre la temporalidad de las medidas implementadas.
