El arresto de Pável Dúrov despierta fundada preocupación
LA HABANA, Cuba.- Este sábado 24 fue noticia la detención, en un aeropuerto parisino, de Pável Dúrov, fundador de la plataforma de mensajería instantánea Telegram. Sobre el joven ejecutivo (a quien algunos apodan “el Mark Zuckerberg ruso” y al cual Forbes le atribuye una fortuna de 15.500 millones de dólares) pesan acusaciones de fraude, tráfico de drogas, lavado de dinero, promoción del terrorismo y abuso sexual de menores.
La responsabilidad del empresario de origen ruso se derivaría de tolerar que los autores de toda esa serie de actividades antisociales aprovechen la encriptación de los mensajes en Telegram para urdir sus respectivos delitos. El abogado de Dúrov, Dmitry Agranovsky, argumentó que “las acusaciones eran comparables con culpar a un fabricante de autos por los accidentes o por el uso de esos vehículos para cometer delitos”.
El parangón no es desacertado. Pero confieso que, pese a no tratarse de un jurista, prefiero el brindado en su muro de Facebook por Alexánder Podrabínek. El gran luchador prodemocrático, que escribe desde Moscú, se pregunta: “¿Debe Dúrov censurar la correspondencia?”. Y él mismo responde: “Conforme a esta lógica, las compañías telefónicas deberían escuchar las conversaciones de sus clientes e impedir cualquier ilegalidad”. Y termina con otra interrogante clave: “¿Es esto normal en una democracia?”.
Hace un decenio, Pável se vio obligado a abandonar su país natal después de rechazar la demanda de la dictadura putinesca: que cerrara cuentas de la oposición rusa y proporcionase datos al FSB (heredero de la tristemente célebre policía política soviética KGB). Telegram fue prohibida en Rusia cuando la empresa rechazó entregar sus claves de cifrado al FSB.
Hasta ahí, no hay nada anormal: el gigante euroasiático, bajo Vladimir Putin, padece una dictadura feroz. Se trata de un régimen capaz de desatar una brutal guerra de agresión contra la vecina Ucrania (aunque, eso sí, prohibiendo a sus súbditos llamarla así, pues los obliga a emplear, para denominarla, el eufemismo “operación militar especial”). O que, a mediados de este mismo mes, impuso 12 años de cárcel a una bailarina por donar 15 dólares a una organización humanitaria ucraniana…
“No fue una decisión política”
Pero se supone que Francia es otra cosa. Se la considera con razón como un Estado democrático… Algunos incluso la han bautizado como “el país de los derechos humanos”. (Aclaro que discrepo de esa denominación. No olvido que, cuando el país galo aún gemía bajo el Ancien Régime, sus grandes escritores de la Ilustración miraban con añoranza hacia Inglaterra, que ya disfrutaba de instituciones democráticas y libertad de prensa). Pero sí merece otro título honroso: el de “país de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.
El presidente Emmanuel Macron se ha apresurado a asegurar que la detención del empresario de origen ruso (quien, por cierto, entre otras nacionalidades posee la francesa) “de ninguna manera fue una decisión política”. Y en la red social X (antes Twitter) describió a la nación que preside como “profundamente comprometida” con la libertad de expresión.
Por supuesto que los autoritarios no han desaprovechado la oportunidad de arremeter contra los países libres. Por ejemplo, podemos mencionar que, según AP, “funcionarios rusos expresaron su enojo por el arresto de Dúrov, y algunos destacaron lo que consideran un doble estándar del Occidente en cuanto a la libertad de expresión”. O sea: el mismo régimen dictatorial que lo persiguió y proscribió, ahora pretende erigirse en protector del empresario perseguido.
Desde los países realmente democráticos, algunos se preguntan por qué Telegram (u otras plataformas análogas, si al caso vamos) no puede supervisar las comunicaciones entre sus afiliados. ¿Por qué no eliminar los mensajes en los cuales —digamos— se incursiona en la pornografía infantil o el tráfico de drogas?
El gran problema radica —creo— en la diferencia entre supervisar y censurar con carácter general las comunicaciones que se emitan en el seno de una red, y el cumplimiento de órdenes concretas que puedan ser emitidas por autoridades de un país para interceptar mensajes específicos que puedan ser de carácter delictivo (algo a lo que —creo— ni Telegram ni ninguna otra red pudiera negarse de manera fundada).
Reacciones al arresto
Pero otros expresan su oposición general a la medida. Elon Musk, el propietario de X, comparó el arresto con “ser ejecutado por darle Me gusta a un meme”. Chris Pavlovski, director ejecutivo de Rumble Video, comentó que Francia había cruzado “una línea roja” al detener a Dúrov “por no censurar la libertad de expresión”. Y el diario izquierdista español El País, en el título de la información que brindó sobre el arresto, califica al empresario como “el adalid de la libertad que se enfrenta a la cárcel”.
En esencia, esto coincide con lo que plantea Infobae. Según el prestigioso diario digital radicado en Buenos Aires, don Pável ha mantenido “una postura de defensa férrea de la libertad de expresión y la privacidad en línea”. Él mantiene “opiniones firmes sobre la descentralización de internet y la resistencia a la vigilancia estatal”.
En verdad, las noticias relativas al tema que arriban desde París no son tranquilizadoras. A estas alturas, no se trata sólo de una decisión policial. En el asunto intervino ya una autoridad judicial. En virtud de su decisión anunciada, la privación de libertad de Dúrov se extenderá, de momento, hasta 96 horas contadas desde su arresto. Sólo después se determinará si continuará en prisión o podrá salir en libertad.
El País recuerda unas declaraciones prestadas por Dúrov hace menos de una quincena, pero que resulta especialmente oportuno recordar hoy: “Cuando cumplí 11 años en 1995, me hice la promesa de ser cada día más inteligente, más fuerte y más libre. Hoy Telegram cumple 11 años y está listo para hacer esa misma promesa”. Esperemos que ese ofrecimiento no tenga que ser cumplido por medio de la prolongada prisión de don Pável.