España es el quinto país de la OCDE donde más ha crecido la presión fiscal en trece años
La OCDE destaca en su informe Estadísticas de ingresos 1965-2023, publicado este jueves, que España es uno de los países desarrollados donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos trece años, con una proporción de ingresos del Gobierno central muy por encima de la de los autonómicos y locales.
En concreto, el organismo multilateral sitúa a nuestro país como el quinto en presión fiscal de los 38 que lo conforman, en concreto 37,3% del PIB, frente al 33,9% de media del conjunto de países que forman parte de la OCDE. Las cifras de España muestran una muy leve reducción de la presión fiscal con respecto a los años anteriores, pero prácticamente se mantuvo estancada. En 2020 registró una presión tributaria del 37,6% del PIB, mientras que en 2021 fue del 37,8%. La bajada no llega ni a un punto y está muy lejos del 33% que se registró en el año 2000.
En líneas generales, la presión en estos últimos trece años aumentó en 29 países, pero en la OCDE destacan a España, Portugal y Luxemburgo con «aumentos de más de cinco puntos porcentuales» en la presión fiscal. Por otro lado, la caída más grande se registró en Irlanda, que pasó del 27,7% de tasas sobre el PIB en 2010 al 21,0% el año pasado.
En comparación con otras economías similares, destaca Francia como uno de los países que más cargas fiscales tienen, por segundo año consecutivo. El país vecino cerró el año fiscal de 2023 en un 43,8% con respecto al PIB.Le siguen Dinamarca e Italia, con un 43,4% y un 42,8% respectivamente. Austria ostenta también un lugar alto en la tabla, con una carga del 42,8%, seguida por Bélgica (42,6 %) y Finlandia (42,4 %).
Los expertos del think tank introducen a España en la categoría de «país regional» en lugar de unitario, ya que lo consideran un Estado «altamente descentralizado» y, por tanto, existen diferentes componentes tributarios de ingresos en función del nivel de la administración. En este sentido, la proporción de los ingresos del Gobierno central en 2022 fue del 42,5%, en comparación con el 15,1% para el Gobierno regional y el 8,2% para el local, según reza el documento.
En el lado alto de la tabla, Estados Unidos encabeza la lista como el país con menores gravámenes (25,2% del PIB), le siguen Costa Rica (24,9%), Turquía (23,5%), Colombia (22,2%), Irlanda (21,9%), Chile (20,6%) y México (17,7%).
Desde la OCDE cuentan que el año 2021 se registraron los porcentajes de fiscalidad más alta, con España a un 37,8% del PIB, frente a una media del conjunto del grupo de 34,1%. Explican que esto se debe a que la pandemia de la Covid-19 provocó una profunda recesión global que redujo sustancialmente el PIB e incrementó el peso relativo de los impuestos.
Asimismo, desde 2010, año en el que se notaron las consecuencias de la crisis financiera, el peso de los impuestos eran en España un 31,3 %, netamente por debajo del 36,4 % que suponían en 2007, en vísperas del estallido de dicha crisis económica.
A nivel general, la estructura fiscal de España es bastante similar a la del resto de países del entorno europeo. En la mayoría, las contribuciones a la Seguridad Social son la principal partida, suponiendo entre el 10% y el 15% del PIB. En el año 2023 en España fue del 12,9% que, a comparación de Francia (14,6 %) y Alemania (14,7 %), son mucho menores. En cambio, están muy lejos del 6,7% del Reino Unido y del 6,1% de Estados Unidos.
El impuesto sobre la renta y sobre los beneficios son la segunda partida más alta, concretamente un 12% del PIB, mientras las tasas de los bienes y servicios tenían un peso del 10%.
Si se aísla el impuesto de Sociedades (el que pagan las empresas por sus beneficios), en 2022, último año para el que hay cifras, en España subió una décima hasta el 2,7% del PIB, con un peso relativo bastante bajo, muy inferior al 3,9% de media en la OCDE.
Esas tasas corporativas eran particularmente altas en Australia (6,4 % del PIB), Chile (5,6%), Corea del Sur (5,4%), Colombia (5%) y, sobre todo, Noruega (18,4%). En Estados Unidos, por el contrario, los gravámenes a las empresas se limitaban en 2022 al 2% del PIB.
