La cesión de las pensiones al País Vasco implicará una modificación de la Constitución
El Gobierno reactiva el traspaso de la gestión económica y financiera de las pensiones al País Vasco, una reclamación de más de cuatro décadas de Euskadi. La cesión de la Seguridad Social a esta (y a cualquier otra) región implicaría la ruptura efectiva de los principios básicos de solidaridad entre territorios en base a una caja única que ingresa las cotizaciones sociales y abona las pensiones públicas sin importar el territorio, a modo de redistribución de los beneficios y los desequilibrios del sistema. Es por ello que implicará retoques en la Constitución.
El Gobierno, en esta tesitura, admite que será un proceso difícil. El terreno legislativo juega en contra de su proyecto de traspasar las pensiones a esta Comunidad. La modificación de ley general de la Seguridad Social y la Constitución se da por hecho que sería necesaria, pues actualmente se establece que la gestión económica de las pensiones y las cotizaciones sociales están reguladas a nivel estatal.
Hay una sentencia del Tribunal Constitucional (1996) que blinda las competencias de Estado en materia de pensiones y en la que se apoyan los letrados de la Seguridad Social que estableció lo siguiente: el Estado debe reservarse como competencia exclusiva no solo la regulación jurídica en materia de Seguridad Social, sino todas las competencias de gestión y ejecución que garanticen la efectiva aplicación de criterios unitarios y unificados en todo el territorio nacional, en referencia a los actos de encuadramiento, liquidación y recaudación de recursos y el reconocimiento y pago de prestaciones.
Existe una salvedad que ya se da en algunas regiones, y es la administración de las prestaciones no contributivas, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues la competencia asistencial está en manos de las CCAA.
La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social destaca que esa unidad e igualdad se garantizan mediante los principios de caja única y solidaridad financiera, que implican, no solo la titularidad y competencia estatal exclusiva sobre la gestión de recursos económicos y financieros del sistema, sino también sobre el reconocimiento y pago de las prestaciones, «cuyos criterios de gestión deben ser únicos y uniformes en todo el territorio».
Otros expertos consultados apuntan a que la ruptura de la caja única implicaría importantes modificaciones legislativa y que el favor a los vascos podría ser incluso inconstitucional. Antes de dar el siguiente paso, el Gobierno espera informes técnicos que implican el apoyo de la cartera de la Seguridad Social que dirige la navarra Elma Saiz, así como del departamento de Hacienda, que encabeza la vicepresidenta María Jesús Montero. Este ministerio siempre tiene la llave de cualquier reforma de contenido económico.
Fuentes del equipo de Seguridad Social descartaron el pasado noviembre que el acuerdo con el PNV supusiera una ruptura de la caja única y apuntan a que este detalle tan destacado del acuerdo del PSOE y PNV ya figura como competencia autonómica en nueve Estatutos de Autonomía más, aparte del de Guernica: Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Aragón, Galicia, Andalucía, Extremadura y Canarias.
El déficit de la Seguridad Social en la región vasca rondó los 4.000 millones en 2022, según Fedea. El coste de las transferencias del Estado a la Administración es un servicio estatal que «no parece» estar incluido en el cupo vasco, que está congelado desde hace décadas y no asume el déficit de las pensiones. Euskadi debería duplicar su aportación (de 1.682 millones de euros) en concepto del cupo autonómico por los servicios que presta el Estado al quedar diluido el déficit de las pensiones.
