Marruecos solo acepta el 8% de las expulsiones de sus nacionales emitidas por la UE | Internacional

La eterna ambición de la Unión Europea y las promesas de sus líderes —y de la oposición— de devolver cada vez más inmigrantes en situación irregular se da de bruces con la realidad de sus propios datos. Un informe restringido de la Comisión Europea publicado por la organización Statewatch analiza al detalle la cooperación en materia de expulsiones de 34 países, y la conclusión es que la colaboración es “insuficiente”. En esa lista destaca Marruecos que, a pesar de tratarse de un socio prioritario y de ser el país africano con el mayor número de nacionales cruzando irregularmente las fronteras europeas, apenas acepta un 8% de las expulsiones.

El informe muestra la baja cooperación de otros países, menos relevantes frente a Marruecos, pero con tasas de expulsión por debajo del 10%. Entre ellos se encuentra Malí (4%), Guinea (5%), Costa de Marfil (5%), Bangladés (9%) y Argelia (10%). Las tasas más altas entre los 15 países con más inmigrantes identificados entrando irregularmente en la UE las ostenta Gambia (37%), Irak (14%) y Pakistán (11%). La Comisión excluye del examen a Afganistán, Libia, Palestina y Siria porque “no es posible establecer contactos operativos efectivos”. Rusia también está excluida porque la guerra en Ucrania “impide el compromiso” y Sudán, en plena guerra civil, solo se evalúa a efectos metodológicos.

El año pasado, los 27 lograron que el 23% de los inmigrantes que contaban con una orden de abandonar el territorio Schengen (zona de libre circulación que comparten 29 países europeos) volviesen a sus países de origen, según Eurostat. Es un número modesto para las aspiraciones de la Comisión Europea, más aún si se tiene en cuenta que cuatro de cada diez de esos inmigrantes se fueron voluntariamente, lo que pone de manifiesto las dificultades para ejecutar retornos forzosos.

Los resultados de este informe muestran la insatisfacción de la UE con la mayoría de esos 34 países, lo que los convierte en candidatos a sufrir restricciones en sus peticiones de visados Schengen de corta duración (de hasta 90 días, para acceder a la zona europea de libre circulación), una receta ya aplicada a Gambia y a Etiopía, y que los Estados miembros son partidarios de ampliar como medida de presión.

Del detalle del documento se desprende otra conclusión: por mucho que prometan los dirigentes europeos y aquellos que aspiran a serlo, la política de retornos está en las manos de los países de origen y no en las de los de destino. “Una política migratoria basada en el retorno, como la de la UE, reduce la autonomía propia porque depende de un tercer país”, analiza Gemma Pinyol, directora de políticas migratorias y diversidad en el centro de análisis Instrategies. “Apostar de esta manera por los retornos supone dar mayor capacidad de negociación y agencia a muchos países terceros, lo que a la larga podría ser, para ellos y sus élites, un aliciente más atractivo y beneficioso que desarrollar y negociar vías de entrada regular”, añade.

Cooperación de Rabat

El caso de Marruecos es particular por la disparidad con la que lo evalúan los socios. 35.065 marroquíes en situación irregular recibieron en 2023 una orden de abandonar territorio comunitario, pero solo 2.760 fueron efectivamente expulsados. En un 44% de los casos, los Estados miembros han calificado la cooperación marroquí para identificar a sus nacionales pendientes de expulsión —trámite indispensable para su retorno— como pobre o muy pobre; en un 46%, la colaboración fue buena y muy buena, según el informe.

El documento no especifica la evaluación por país, así que no está claro cómo España ha valorado la cooperación de su principal socio en materia migratoria en un momento de declarada sintonía. El año pasado, el Ministerio del Interior español logró expulsar a cerca de un millar de marroquíes, según datos policiales confidenciales, mientras que recibió a 14.000 marroquíes de forma irregular.

En el documento, en cualquier caso, se lee una llamada general a mejorar procedimientos con Rabat: “En vista del contexto general de readmisión y del elevado número de nacionales marroquíes que llegan de forma irregular, Marruecos debe adoptar medidas concretas para mejorar en la cooperación”. Entre esas medidas, a la Comisión le gustaría ver más flexibilidad (como acabar con la obligatoriedad de usar aerolíneas específicas para los retornos o no solicitar información confidencial) y más eficiencia en todo el proceso.

Otro país de interés para España es Argelia, cuyas expulsiones se encuentran suspendidas desde la primavera de 2022. Entre las medidas que Argel tomó contra Madrid después de que Pedro Sánchez se alinease con Marruecos en la solución para el Sáhara Occidental, aún se mantiene la de cortar el flujo de ferris que cada semana llevaba argelinos en situación irregular de vuelta a su país. Argelia, sin embargo, sí colabora con otros países, aunque la tasa de retorno se estanca en el 10% y la evaluación general se considera “pobre”.

En el caso de Senegal, gran protagonista en la llegada de cayucos a Canarias en otoño del año pasado, la comisión reconoce que ya en 2020 propuso imponer restricciones de visados al país ante su falta de cooperación, una decisión que está pendiente de la aprobación del Consejo de la UE. La colaboración de las autoridades de Dakar, que como todos los países afrontan un fuerte rechazo social a la readmisión de sus emigrantes, es también considerada “pobre” en la inmensa mayoría de los casos.

Precisamente el pasado 29 de agosto en Dakar, Sánchez se refirió a las expulsiones en un discurso que descolocó a su derecha y a su izquierda. “Es imprescindible el retorno de quienes han llegado a España irregularmente”, anunció un día después de que el portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, le exigiera “deportaciones masivas”. España no hace más que seguir una estela marcada por la UE. Las expulsiones de inmigrantes irregulares son un asunto clave también en Alemania, donde su canciller ha prometido acelerar los procesos y priorizar a los delincuentes, o en Italia, donde se pretende expulsar a Albania a los migrantes rescatados en el Mediterráneo.

El desafío no es pequeño porque la propia Unión, con su Pacto de Migración y Asilo, va a cambiar las normas de procedimiento en sus fronteras. Se prevé que los migrantes procedentes de países con tasas de reconocimiento de asilo menores al 20%, como Marruecos, Argelia, Senegal, o Túnez sean detenidos y se enfrenten a un procedimiento acelerado de expulsión. Esa detención podrá prolongarse un plazo máximo de 24 semanas (casi seis meses), una eternidad para el inmigrante (en España ese plazo ahora no puede superar los 60 días), pero un plazo no tan amplio para lograr una expulsión en tiempo y forma. La Comisión afirma en el documento que este límite significa que “los plazos para la identificación y la expedición de documentos de viaje tendrán que reducirse”, una tarea en la que lleva empeñada varias décadas.