por qué peligra la primera privatización de Javier Milei

La posibilidad de que la salida del Estado del paquete accionario de IMPSA se convierta en la primera privatización del Gobierno podría quedar en la nada, si es que en los próximos días no se resuelven los graves problemas que podrían afectar el resultado de la operación.

Por un lado, la situación de los 800 trabajadores de la empresa mendocina, que solamente cobraron el 50% de sus salarios de noviembre y podrían no percibir el aguinaldo de diciembre.

IMPSA entra en crisis y peligra la primera privatización del Gobierno

Mediante un comunicado, el directorio de la compañía fundada por la familia Pescarmona, le anticipó al personal la decisión de liquidar nada más que la mitad de los ingresos salariales por falta de fondos, ya que el Estado Nacional no envió la partida presupuestaria destinada a liquidar salarios, lo cual genera dudas sobre cuándo percibirán el resto de sus salarios y en qué momento se les liquidará el medio aguinaldo de fin de año.

La determinación causó preocupación «puertas adentro» teniendo en cuenta que se generó un escenario de tensión con el personal en momentos en que tanto el gobierno nacional como el de Mendoza negocian su salida del capital accionario de IMPSA para ceder sus tenencias al grupo norteamericano ARC Energy.

En especial porque desde el gremio de la UOM se recuerda que, frente a la inflación, los sueldos solamente fueron retocados en un 2,5% en noviembre que no dejó conforme a su personal.

El escenario actual de la empresa que Javier Milei quiere privatizar

El escenario puede complicar las conversaciones con el único grupo que presentó una propuesta para adquirir las acciones en manos del sector público, y cuyos ejecutivos mostraron cierta preocupación por este tema y por la falta de resolución con respecto a la cancelación del millonario pasivo de IMPSA que ronda los u$s500 millones.

Se trata de una deuda de larga data que desde ARC Energy no tienen intenciones de asumir, sino que ya han planteado la necesidad de que las autoridades nacionales y provinciales le encuentren una solución para poder firmar el traspaso sin contingencias.

Es casi la misma situación que sufría la compañía «estatizada» por el anterior gobierno de Alberto Fernández, que desembarcó en el capital de la metalúrgica junto con las autoridades mendocinas tomando un 63% de sus acciones y financiando las actividades a través del FONDEP, un fondo que ya no tiene recursos.

En concreto, el capital accionario de IMPSA se reparte en un 63,7% para la Nación a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo; 21,2% de Mendoza; 15,1% de propiedad privada; 9,8% del fondo de capital controlado por los acreedores de la compañía y 5,3% del fideicomiso de capital controlado por los Pescarmona.

De igual forma, IMPSA no posee recursos propios para hacer frente a sus necesidades de capital ni para cumplir con sus obligaciones financieras, teniendo en cuenta que la paralización de la obra pública también dispuesta por el gobierno libertario la dejó sin contratos que había cerrado con varias áreas del Estado nacional y el provincial.

¿Quién paga la deuda de IMPSA?

Con dicho escenario de fondo, ARC Energy debe cumplir con los pazos previstos por el proceso de venta y presentar una mejora de oferta que fue requerida por la Nación para seguir negociando el traspaso.

El objetivo de ARC Energy es el de aprovechar el potencial de la empresa como referente en América Latina, que cuenta con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial.

A esto se suma el expertise para la producción de turbinas para centrales hidroeléctricas y la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y para la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.

Pero además, el grupo norteamericano diseña fórmulas para hacerse cargo de la «hererencia» que deberá asumir a partir de los incumplimientos de contrato de IMPSA, por ejemplo, teniendo en cuenta que se vende como una empresa en marcha y también con dinero que le entraría en su caja de manera inmediata si es que logra cobrar varias de las obras que ya llevó a cabo.

Una es con YPF para la construcción de un reactor de certificación de procesos, que debería haberlo entregado en noviembre de 2023, pero que todavía no se llevó a cabo, al igual que los fondos que le adeuda Yacyretá por provisión de insumos.

Además, la compañía pretende potenciar el Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza de IMPSA para hacerla crecer en el mercado y llevar alianzas estratégicas con compañías referentes de la industria de todo el mundo.

El problema es que el grupo norteamericano solamente promete inyectar fondos por alrededor de u$s30 millones, una suma similar a la que pagaron la Nación y la Provincia en conjunto cuando ingresaron al capital mayoritario de IMPSA.

Fuentes cercanas a la empresa mendocina consideran que se trata de «poco dinero» para poder cancelar los sueldos del personal y, a la vez, volver a poner en marcha la maquinaria productiva de la compañía.

Tampoco está resuelto si será ARC Energy la encargada de encarar las negociaciones con los acreedores de IMPSA, la mayoría de los cuales son bancos y con vencimientos de pago que están muy cerca de tener que ser cancelados.

Deudas y contratos caídos, los problemas de IMPSA

Pero, además de la situación laboral y del pasivo, el cúmulo de contratos caídos que tiene la compañía es otro de los graves problemas que muestra el proceso privatizador, ya que la mayoría de esos acuerdos estaban atados a decisiones del Estado Nacional que la gestión del presidente Javier Milei dejó caer.

Con este «oscuro» escenario, el futuro de IMPSA pende de que las negociaciones con el grupo norteamericano avancen o de la presentación de un pedido de quiebra por parte del directorio de la empresa, teniendo en cuenta que desde el gobierno nacional adelantan que «no harán nada» para mejorar la situación.

De acuerdo a una nota del portal MDZ, desde el grupo norteamericano reclaman renegociar el acuerdo y piden que se acuerden nuevos plazos y modalidades para la cancelación de la deuda y que, al mismo tiempo, el Gobierno nacional y el de Mendoza, refloten los contratos de obra pendientes y que ya no tendrían financiamiento en línea.

Hasta ahora, ARC Energy hizo una propuesta que consiste en un aporte de u$s27 millones para capitalizar de forma inmediata a IMPSA, pero que ató a la resolución del pago del pasivo por u$s570 millones y al cierre de contratos que la empresa tiene pendientes.

IMPSA, al borde de la quiebra

En la actualidad, la ex empresa de los Pescarmona se encuentra con un patrimonio neto negativo tal como surge de analizar un documento enviado por el Directorio de IMPSA a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el que su responsable de relaciones con el mercado admite que, tal como se observa de los estados financieros de los primeros nueve meses del año «la Sociedad resulta encuadrada dentro de las disposiciones del artículo 94, inciso 5º, de la Ley General de Sociedades N.º 19.550».

Es decir, le corresponden las generales de la norma en cuanto a su disolución, ya que una de las causas de esta posibilidad es la de sufrir la pérdida del capital social.

En el informe, sus ejecutivos destacan que su patrimonio neto al 31 de diciembre de 2023 fue de $37.640.751.000, mientras que al 30 de septiembre pasado se derrumbó a $18.993.803.000.

Agregan que la pérdida del ejercicio, que se elevó a $56.634 millones, fue consecuencia de los costos financieros que llegaron a $22.984 millones, y al impacto del impuesto a las Ganancias determinado por el método del impuesto diferido y la provisión de impuesto a las ganancias del período, que totalizó $36.677 millones.

El cronograma de la eventual venta

Además, el Directorio de la firma recuerda que el 1.º de octubre de 2024, el FONDEP y el gobierno de Mendoza, accionistas controlantes de la sociedad, lanzaron un proceso de licitación pública nacional e internacional para la venta de la totalidad de las acciones clase «C» que poseen tanto la administración nacional como la provincial.

Esas tenencias representan el 84,9% del capital social y votos de IMPSA y se estima que, por el traspaso de los títulos, ingresarían a la compañía u$s25 millones en carácter de capitalización mínima.

Tras la iniciativa oficial, el 31 de octubre pasado, se efectuó el acto de apertura de sobres, habiéndose presentado una propuesta de compra, la cual se encuentra actualmente a consideración de la Comisión Evaluadora de Ofertas y que pertenece al grupo norteamericano.

De concretarse este proceso de venta de acciones y capitalización, «se subsanaría la situación descripta con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros de cierre de ejercicio, sin perjuicio de las restantes circunstancias mencionadas en la presente y de la oportuna evaluación de alternativas financieras que permitan la mitigación de dicha situación, incluyendo, en su caso, la eventual solicitud de un posible compromiso de asistencia a los principales accionistas u otras soluciones o estructuras disponibles en el mercado».

De todas formas y en caso de que la situación no logre revertirse para el momento de la aprobación de los estados financieros anuales correspondientes al 2024, el Directorio someterá el tema a sus accionistas a fin de que resuelvan, en una Asamblea Ordinaria Anual, las medidas a adoptar a fin de subsanar la cuestión.

Es así como el escenario no se muestra muy optimista para las intenciones del Gobierno nacional de vender la compañía antes del próximo 10 de diciembre para darle a Javier Milei la primera privatización de su mandato.